in novedad. Ésa fue la respuesta oficial cuando se les preguntaba a los policías, aquel 22 de diciembre de 1997, ¿qué pasa en Ac-teal? Durante siete horas más de cien personas armadas y vestidas de policías de seguridad pública llevaron a cabo la masacre de 45 indígenas indefensos. Varios de los autores materiales de este crimen están a punto de ser liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de los testimonios de los sobrevivientes, lo cual representa otro paso atrás para los derechos humanos en México.

La defensa de los acusados se basa en las fallas de procedimiento de las instituciones jurídicas encargadas del caso. Como es bien sabido, dichas fallas son muy comunes y afectan a miles de presos, sobre todo a indígenas y luchadores sociales como, por ejemplo, los de Atenco y Oaxaca. Sin embargo, el argumento en favor de la liberación de los acusados de la masacre de Acteal comete dos errores fundamentales. El primero es que, al cuestionar el procedimiento también cuestiona las acusaciones hechas por los sobrevivientes, poniendo en duda la veracidad de su palabra. En segundo lugar, el argumento evita entender el contexto político de esta masacre, sobre todo la participación de distintas instituciones del Estado en fomentar las actividades de los grupos paramilitares.

Hay que destacar que es preocupante la manera en que el tema fue abordado en Espiral la noche del lunes 10 de agosto por Canal 11.

En ese programa, los analistas –todos en favor de la decisión de liberar a los acusados– manipularon la verdad de los hechos en por lo menos tres puntos centrales. Uno, que las pruebas eran incongruentes porque los sobrevivientes decían que los agresores portaban pasamontañas y, por tanto, ¿cómo era posible identificarlos con nombre y apellido? Segundo, que los testigos estaban confundidos y realmente no sabían cuántos agresores había ni quiénes eran, y simplemente armaron una lista con los nombres de más de cien personas que luego presentaron a las autoridades. Y, tercero, que no se podía confiar en la palabra de los sobrevivientes, si éstos decían que había 45 personas rezando en una ermita de solamente 12 metros cuadrados cuando fueron asesinados por la espalda. En cada uno de estos puntos, los participantes en el programa intentaron poner en duda la veracidad de la palabra de los indígenas que sobrevivieron a este ataque. Intentaron, pero fracasaron.

Basta hacer una simple revisión de algunos de los testimonios referidos para rectificar esta errónea y ofensiva versión de los hechos. Por ejemplo, citando 11 testimonios que fueron incluidos en los expedientes del caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) deja claro que los sobrevivientes no tenían ningún problema en identificar a quienes eran los autores de la masacre. (Ver: CDHFBC, Por la verdad y la justicia: Acteal 11 años 5 meses y 17 días de impunidad. ¿Cuántos más? 8 de junio de 2009, pp. 29-33. www.frayba.org.mx/ archivo/informes/090608_informe_ para_scjn.pdf)

En ninguno de estos testimonios se habla del uso de pasamontañas por parte de los agresores. En cambio, lo que sí notaron fue la diversidad de armas largas y cortas que portaban y el color negro o azul de sus uniformes, al estilo de los policías de la Seguridad Pública. O sea, fue una masacre descarada. Los mismos testimonios dan cuenta de la manera íntima en que los asesinos son conocidos. En algunos casos eran vecinos, en otros eran otros miembros de la misma comunidad. Después de haber sufrido varios meses el hostigamiento de los grupos paramilitares, para los integrantes de Las Abejas no era un misterio quién los quería matar y no tuvieron que inventar una lista de nombres para exigir justicia. También es bien sabido que aunque las víctimas estaban congregadas a orar en la ermita, la masacre se llevó a cabo durante un periodo de siete horas, en el cual los asesinos los perseguían por todo el poblado.

Si bien el argumento en favor de la liberación de los acusados se basa en las fallas de procedimiento, esto no implica su inocencia y varios son precisamente quienes fueron identificados en los testimonios ya mencionados. Lo que aprendemos de los indígenas que sobrevivieron el ataque es la importancia de entender el contexto político en el cual se llevó a cabo la masacre. Hablan ellos de la existencia de grupos que recibían armas, uniformes y entrenamiento de las mismas instituciones del Estado, que supuestamente tiene como misión la seguridad de todos. Al negar la existencia de grupos paramilitares, los defensores de los acusados participan en la defensa de medidas contrainsurgentes que llevaron a la muerte de los 45 indígenas en Acteal y al desplazamiento de miles de otros antes y después de la masacre. Si no se cuestionan las razones políticas que están detrás de la masacre, ¿cómo se pretende evitar que se vuelvan a cometer crímenes de la misma magnitud en el futuro?

La liberación de estos presos no es señal de una nueva época de justicia para la SCJN y la ciudadanía. Tampoco convence cuando Calderón manda un mensaje al Congreso de Estados Unidos de que en México se respetan los derechos humanos para que siga fluyendo el apoyo de la Iniciativa Mérida. Más bien es otra prueba de la indiferencia de las instituciones cuando se trata de la procuración de la justicia. En 2009, como en 1997, la impunidad sigue reinando en Acteal, sin novedad.

* Profesor-investigador de la Universidad Estatal de Nuevo México, Las Cruces, y autor de La rebelión de Chiapas (Ediciones Era, 2000)