Diputados y senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT) reprocharon que el gobierno de Felipe Calderón reconociera tardíamente que la economía nacional se encuentra en estado de shock, exigieron que la administración federal aplique recortes en el gasto corriente, que para este año es de 600 mil millones de pesos, y consideraron inviable que la próxima Legislatura pueda aprobar más impuestos, como anticipó la Secretaría de Hacienda.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Antonio Ortega Martínez, definió la confesión de Agustín Carstens como algo que constituye una derrota moral, teórica y cultural de los neoliberales, y el fracaso de la política económica que defiende la actual administración.

Además, recordó que Calderón mantiene en mil fideicomisos más de 200 mil millones de pesos, que no se ejercieron en el presupuesto de 2007, como se comprobó en la revisión de la cuenta pública de ese año, además de que no se transfirieron, entre otros, a los estados más de 120 mil millones de pesos sólo por el fondo de seguridad.

El legislador del PRD consideró que es posible un recorte en el gasto corriente, incluyendo en las universidades públicas, que no ponga en riesgo la viabilidad de la operación del gobierno federal y de la educación superior. El recorte en gastos superfluos debe ser parejo, en viáticos, salarios, vehículos, comunicación social, gastos de representación, gasolina, teléfonos, bonos. De lo que hablamos es cortar la inercia a la burocracia, que durante muchos años se ha engordado, es cara e ineficiente.

El gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo, primero adelgazando el gasto corriente y facilitar que lleguen los recursos a la inversión considerada en el Presupuesto de Egresos 2009, porque el subejercicio es el veneno más agudo que tiene el gasto público y tiene detenida a la actividad económica, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, César Duarte Jáquez.

A su vez, el diputado del PT Silvano Garay insistió en que el gobierno federal sí puede recortar al menos 200 mil millones de pesos de gasto corriente, especialmente de los bonos a altos funcionarios, seguros de gastos médicos mayores y los fondos de ahorro, que pueden destinarse a inversión y subsidios a los millones de desempleados que ha generado la nefasta administración de Calderón, que ha llevado a la ruina y a la desesperación a miles de hogares donde no hay ni para comer, y a los que nuevamente se quiere expoliar para que Agustín Carstens pueda gastar 3 mil pesos todos los días en comida.

Por su parte, el senador del PRI, Fernando Castro Trenti, advirtió que no aprobarán ningún aumento o nuevos impuestos y exigió al gobierno federal no insistir en cargar el peso de la crisis a los que menos tienen.

En propuestas miopes, el PRI no los va a acompañar advirtió, y expuso que se deben suprimir las 73 subsecretarías y mil 80 nuevas plazas de director general, creadas de 2000 a la fecha y que sólo han servido para dar chamba a parientes y familiares de funcionarios de los gobiernos de Fox y de Calderón.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, y el senador Tomás Torres advirtieron que ni el impuesto al valor agregado en medicinas y alimentos, ni mayores tarifas para electricidad van a pasar, porque son medidas sin sentido, ya que las autoridades hacendarias no quieren entrar al fondo del problema, que es ver cómo se reparten las riquezas en el país.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, planteó que su bancada insistirá en septiembre para que se elimine el impuesto especial de tasa única.

Sólo el presidente de la Comisión Permanente, el senador blanquiazul Gustavo Madero, defendió al titular de Hacienda y advirtió que se tienen que encontrar fórmulas para compensar esta disminución dramática de impuestos que delineó Carstens. Dijo que por primera vez en muchos años el Congreso tendrá que discutir un presupuesto recesivo y decreciente.