En reunión con los senadores de la comisión que da seguimiento al caso Cananea, los directivos de la corporación Minera México sostuvieron que el conflicto en la mina sonorense lleva ya más de dos años y llegó hasta la terminación de relaciones laborales porque la representación sindical enarboló siempre demandas extralaborales, centradas en el retiro de las denuncias penales y las órdenes de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros de su comité ejecutivo.

Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo del consorcio Minera México, así como Juan Rebolledo Gout, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la misma, y el director general jurídico, Armando Ortega, comparecieron ante los legisladores y sostuvieron que la única salida al problema está en tribunales y que se ratifique la terminación de la relación laboral con los integrantes de la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMRM).

El presidente de la comisión senatorial, el perredista Arturo Núñez, les dijo que preocupa la figura a la que acudieron para dar por concluida la relación con los trabajadores de Cananea, que es el llamado conflicto colectivo de naturaleza jurídica, porque podría ser la vía para conculcar el derecho de huelga en México.

Tanto Rebolledo Gout –funcionario en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo– como el abogado Ortega sostuvieron que fue absolutamente legal, ya que la empresa acreditó daño a sus instalaciones, robo y vandalismo diversos, así como destrucción del equipo, luego de 11 reportes sustanciados y una visita de inspección de la Secretaría de Economía.

La dependencia acreditó la fuerza mayor en la que ha sido colocada la concesionaria Mexicana de Cananea SA de CV y, a partir de ello, dio por terminadas las relaciones de trabajo con el sindicato minero. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje aprobó tal decisión, mediante un laudo, el pasado 14 de abril, refirieron.

En el documento que entregaron a los senadores advierten que a partir de 2001, cuando Gómez Urrutia se convirtió en el dirigente del STMMRM, estallaron 32 huelgas en las 11 unidades de Minera México, siete movimientos huelguísticos, así como paros ilegales en Cananea, prácticamente uno por año.

Las razones de las huelgas, aunque variadas, tenían un sustrato que fue volviéndose explícito con el tiempo: el viejo conflicto por el 5 por ciento de las acciones de Cananea que la empresa ofreció a todos los trabajadores de todas sus empresas unilateralmente cuando adquirió la mina.

En el documento refieren que la huelga de 2004 se levantó luego de cuatro meses, una vez que Gómez Urrutia logró que Minera México depositara ese 5 por ciento de las acciones, 55 millones de dólares netos, en un fideicomiso. Vinieron después las demandas y denuncias de terceros por esos recursos, pero no es del interés ni de la incumbencia de la empresa

Durante la última huelga, en diciembre de 2007, el sindicato exigió la cancelación de las órdenes de aprehensión contra la dirigencia, la reparación del daño moral a Napo-león Gómez Urrutia y, satisfechas ambas condicionantes, negociar los términos específicos del emplazamiento. La petición monetaria fluctuó entre 80 y 100 millones de dólares. Para la empresa lo primero es imposible, y lo segundo, inmoral e inaceptable.

García de Quevedo sostuvo que las pérdidas por paralizar labores en Cananea son de 30 mil 500 millones de pesos, pero están dispuestos, si se confirma la terminación de relaciones laborales con el sindicato de Gómez Urrutia, a comprometer inversiones mineras y sociales muy importantes para Cananea.