arece contradictorio, pero la realidad es esta: las clamadas y reclamadas regularizaciones de ciudadanos migrantes ilegalmente residentes en un territorio son un instrumento, uno más, que sirve al sistema de represión de las corrientes migratorias. Es preciso decir que esto no significa en lo absoluto no fijar como horizonte inmediato la necesidad de las regularizaciones, que representan sin duda una salida concreta y real para la vida de millones de personas, quienes, por no tener un papel, pierden de hecho sus derechos ciudadanos. Es imposible, por ejemplo, olvidar las imágenes de cientos de personas constituyendo largas filas afuera de las oficinas gubernamentales en la espera de poder entregar el amplio papeleo que suele pedirse en estos casos. Miles de seres humanos que esperan y concretan en algunos casos la posibilidad de salirse, escaparse, de un estatus absurdo y terrible: la ilegal estancia. Absurda, porque es evidente que ningún ser humano puede ser ilegal. Terrible, porque expone alma y cuerpo a la explotación, al chantaje, al miedo.

Y sin embargo los actos legislativos que abren paso a las regularizaciones masivas en los países que hospedan a migrantes irregulares se configuran en la gran mayoría de los casos como una válvula de escape, por un lado, y un instrumento de control, por el otro. Es curioso, pero fácil de entender: desde un punto de vista legislativo, las regularizaciones pertenecen siempre o casi al área de los decretos urgentes, emergenciales, excepcionales. Por una cuestión ideológica evidentemente, pues las regularizaciones no pueden ser parte del discurso represivo, toda vez que éste se centra cada vez más en la llamada mano firme. ¿Cómo puede un gobernante que en su discurso pregona la cero tolerancia hacia la inmigración ilegal contemplar en sus propuestas de ley la regularización? Sería francamente una contradicción. Así las cosas, la contradicción se delega a la emergencia, a la presión ejercida por la realidad. Esa misma realidad que demuestra el fracaso de las actuales políticas represivas del fenómeno migrante, pues además de ser racistas y discriminatorias –en una palabra: injustas–, producen de manera estructural migrantes ilegales, ciudadanos orillados al margen de la sociedad y del derecho que otorgaría protección a los ciudadanos. Por esta razón, frente a la contradicción estructural de un sistema generalizado que apunta en la criminalización de los migrantes, impidiendo la libre circulación de las personas y que produce clandestinos, la única solución es la regularización masiva y periódica de miles de personas. Ejemplo de ello es la recientemente aprobada ley de regularización en Italia (que se presume otorgará papeles a 10 mil extranjeros), que siguió de apenas pocos días al llamado paquete seguridad, promulgado el 8 de agosto pasado.

Esta política, que bien puede entenderse bajo el lema de el garrote y la zanahoria, responde no solamente a la necesidad de enfrentar dicha contradicción, sino también a la de controlar a los migrantes en el territorio. Las regularizaciones son entonces un formidable instrumento que permite al gobierno en turno decidir y definir la cantidad y la calidad de la masa de indocumentados presentes en el territorio. Un control necesario si aceptamos que esa misma cantidad de gente –y su calidad, por lo que tiene que ver con procedencias, edades, capacidades laborales, etcétera– representa lo que parafraseando a Marx se podría definir el ejército migrante de reserva: una multitud de personas dispuestas a aceptar trabajos y condiciones de vida llevadas a los extremos, dispuestas a hacer lo que sea para efecto de sobrevivir. Esta multitud de personas presentes en el territorio son la contraparte de los que se quedan aún afuera, los que aún no lograron cruzar los muros y las fronteras. Y si para estos últimos la necesidad o menos de mano de obra barata y chantajeada se regula gracias al abrir o cerrar de los canales de acceso a un país, para los ilegales ya presentes la llave que regula el flujo son precisamente estos decretos regularizadores.

Hablar de válvula de escape y de control significa también hablar de contener los posibles resultados de la marginalidad a la cual se condenan millones de seres humanos. Las protestas repentinas e improvisas, o las más bien organizadas movilizaciones tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea que tiene por protagonistas a los migrantes, son siempre una señal de alarma importante para los gobiernos.

Por ejemplo: la capacidad y la fuerza que ha tenido el movimiento migrante en Estados Unidos para imponer la urgencia de una reforma migratoria que incluya la regularización de los casi 12 millones de ilegales es impresionante y solamente la estupidez de la anterior administración no pudo apreciarla. Sin embargo, sigue de pie una duda: ¿podrá el actual gobierno estadunidense vencer las resistencias internas y el nuevo contexto de crisis económica para regularizar a los migrantes en ese país? ¿Cuál es el cálculo necesario para decidir entre necesidades concretas (desempleo) y riesgo de una rebelión mayor a la de 2006? Y por otro lado: ¿llegará el momento en que al sistema globalizado de represión de los migrantes se le escapará de las manos la situación?