Por séptimo domingo consecutivo, la Plaza México siguió cerrada por decisión de Rafael Herrerías Olea, quien mediante este paro ilegal pretende que el gobierno de Marcelo Ebrard destituya al octogenario juez Ricardo Balderas, sólo porque el 28 de junio éste se negó a premiar con una oreja la discutible faena de un aprendiz de matador.

Esa tarde, como se recordará, Herrerías insultó a Balderas, arrancó el escudo del Gobierno del Distrito Federal y lo pisoteó repetidas veces, en un evidente brote sicótico. Pero aquella no fue la primera vez que actuó de tal modo y por la misma causa.

“El 23 de diciembre de 2007, durante la octava corrida de la temporada grande 2007-2008 –consta en archivos de la delegación Benito Juárez–, Balderas determinó que la faena del matador Ruiz Manuel no merecía trofeo alguno. Esto molestó a Herrerías, quien subió al palco de los jueces e insultó de manera ‘vulgar y prepotente’ al juzgador.”

El 18 de enero de 2008, Balderas denunció el hecho ante la procuraduría del Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 287 del código penal capitalino, que establece de 90 a 180 días de semilibertad a quien ultraje a una autoridad. La queja quedó asentada en el Ministerio Público, pero el gobierno de Ebrard jamás procedió contra el magnate.

Poco después, Herrerías golpeó al también juez Gilberto Ruiz Torres, sin que el gobierno de Ebrard se diera por enterado. No mucho más tarde, el empresario agredió con un palo de golf a un particular en el Club Chapultepec. Tampoco pasó nada. Si alguien escribe Rafael Herrerías Olea en el buscador de Google, hallará más de 11 mil referencias a este personaje, la mayoría de las cuales están relacionadas con acusaciones de supuestos ilícitos cometidos por éste en los ámbitos de los toros y el futbol.

Herrerías está obligado a dar un mínimo de ocho novilladas este año, para que el GDF le permita iniciar el canje de tarjetas de derecho de apartado para la temporada 2009-2010, trámite por el cual captará alrededor de 20 millones de pesos. Pero si no celebra las funciones novilleriles, debe perder automáticamente la licencia de funcionamiento de la plaza. Esto, claro está, si el gobierno de Ebrard sale de su muy sospechoso marasmo y pone fin al vacío de poder que ha tolerado en el embudo de Insurgentes.

Habrá que poner mucha atención para descubrir si lo que pasa en realidad es que las autoridades y la empresa, a espaldas de la afición y de las leyes vigentes, planean demoler el coso para convertirlo en centro comercial, como hace años se especula.