El fondo para el retiro de los académicos y trabajadores administrativos de la sede mexicana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) se esfumó. Los recursos fueron invertidos desde hace cinco años en el entramado de entidades fraudulentas ideado por el financiero estadunidense Robert Allen Stanford, entre cuyos asesores se contaba el ex canciller Jorge G. Castañeda, de acuerdo con documentos obtenidos por La Jornada.

El fondo de pensiones de los académicos y trabajadores de la Flacso era uno de los 3 mil 500 inversionistas mexicanos (empresas, personas y asociaciones civiles) de Stanford Financial Group, la entidad que en febrero pasado fue intervenida por la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), la autoridad supervisora del sistema financiero de Estados Unidos, para iniciar la investigación de lo que llamó un fraude masivo cometido por Stanford, actualmente preso y sujeto a proceso en aquel país.

Quienes en México confiaron su dinero a Stanford perdieron todo. El monto defraudado aquí por el financiero estadunidense alcanza mil millones de dólares, según cálculo del abogado Edward Snyder, socio del despacho Castillo and Snyder, de San Antonio, Texas, que representa a varios inversionistas mexicanos en una demanda interpuesta hace tres semanas en una corte estadunidense.

Un botón de muestra de la forma en que la operación de Stanford en México devastó los ahorros de miles de personas es la Flacso en este país, institución de excelencia académica que forma parte de una red de facultades en varios países de Latinoamérica y el Caribe, donde se forman especialistas en ciencias sociales.

El 14 de diciembre de 2004 la sede académica en México de la Flacso, dirigida por la maestra Giovanna Valenti Nigrini, publicó un Reglamento del fondo de retiro para su personal académico, administrativo y operativo que confió los recursos a la que, a la postre, sería puesta al descubierto por la SEC como una entidad fraudulenta.

Stanford, de acuerdo con la autoridad estadunidense, estafó 8 mil millones de dólares en los distintos países en los que operó.

El reglamento, del que este diario tiene una copia, estipula: el fondo será mantenido en una institución especializada en la materia, de reconocido prestigio y solvencia. Será constituido con recursos provenientes tanto de la Flacso-México como de cada empleado en lo individual.

La institución de reconocido prestigio y solvencia elegida fue la de Robert Allen Stanford. Dice el reglamento: Para el periodo del 16 de enero de 2004 al 16 de enero de 2009, el Fondo de Retiro será administrado por Stanford International Bank, Ltd., de conformidad con la votación de los trabajadores participantes en el fondo, realizada en la asamblea del 19 de noviembre de 2003. A dicha sesión asistieron treinta y tres trabajadores de los cuales 81.8 por ciento (27 empleados) manifestaron su preferencia por Stanford International Bank Ltd, seleccionándose esta empresa por mayoría de votos.

Stanford International Bank Ltd captaba los recursos en México, como hacía en otros países, pero los trasladaba a Antigua, un paraíso fiscal del Caribe.

El reglamento del personal de la institución educativa señala, en su artículo 61, que es una de las atribuciones tanto del secretario general del sistema Flacso como de los directores de cada unidad académica promover la formación de un fondo de retiro.

La Jornada preguntó por escrito a la directora general de la sede México de Flacso, la maestra Giovanna Valenti Nigrini, la razón por la que esa institución, que se financia con recursos públicos y algunas aportaciones privadas, decidió depositar los recursos del fondo de pensiones en una entidad sin autorización para captar en el país recursos del público y que los trasladaba a un paraíso fiscal.

También por escrito, la directora Valenti Nigrini, especialista en temas educativos, declinó ofrecer detalles debido a que lamentablemente la Flacso-México está en periodo vacacional, aunque no negó la operación.

A nombre de la directora Valenti Nigrini, el área de comunicación de Flacso-México remitió a este diario respuesta a tres preguntas sobre la operación del fondo de pensión de sus trabajadores. Primero, sostuvo que invirtió en una entidad sin autorización de la autoridad financiera mexicana porque debido a su carácter de entidad internacional puede invertir recursos financieros en cualquier entidad bancaria y en cualquier tipo de moneda.

El punto preguntado por La Jornada fue que Stanford no era una entidad bancaria reconocida en México y trasladaba el dinero de sus clientes a un paraíso fiscal.

En el año 2003 algunos de los empleados, de forma personal, tenían inversiones en Stanford y por recomendación de aquellos se contactó en México a David Nanes, presidente de Stanford Group México, quien a través de sus ejecutivos, entre ellos Mauricio Rivera, ofrecieron la inversión a los empleados. Cabe señalar que Stanford se ostentaba como una institución sólida, con capacidad legal y bajo la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, indicó la Flacso a este diario.

También se solicitó información respecto de si las ganancias obtenidas por el fondo de pensiones invertido en Stanford International Bank fueron reportadas a la autoridad tributaria en México. La Flacso respondió que nunca se cobró un rendimiento, dado que el plazo era a 60 meses, el cual finalizaba en 2009.

–¿De qué manera plantea Flacso México restituir parte o la totalidad de los recursos del fondo de pensiones?

–Actualmente el dinero está incautado por los interventores designados para atender el caso, tanto en Estados Unidos como en Antigua, por lo cual los trabajadores de la Flacso México están en espera de recuperar lo que los interventores determinen. Aunado a esto, se espera recuperar recursos de los terceros implicados que hayan participado en el fraude junto con Stanford, para lo cual se ha contactado a un despacho de abogados. En tanto se recupera el dinero de los empleados por las vías antes señaladas, la Flacso México, a través de su consejo académico, está analizando diversas modalidades de apoyo solidario para quienes se vieron perjudicados por esta situación –respondió la institución a las preguntas planteadas por este diario.

Algunas versiones aseguran que fue el propio ex canciller Castañeda quien introdujo a los promotores de Stanford en la Flacso, institución en la que laboran poco menos de un centenar de personas entre académicos, investigadores, directivos y personal administrativo. En marzo pasado Castañeda hizo declaraciones públicas en las que aseguró que nunca promovió, mientras fue su asesor, inversiones en Stanford.

Según el reglamento de operaciones del fondo de pensiones de Flacso, la transferencia de los recursos a Stanford fue autorizada por la directora Giovanna Valenti, pero fue avalada con su firma por los miembros del comité de supervisión del fondo y representantes del personal académico y administrativo.

Así, autorizaron la operación, después de la asamblea de los socios del fondo de retiro: Marcela Ramírez, secretaria de desarrollo institucional; Dante Alvaro Sosa, secretario académico, y Efraín Salinas Arciniega, secretario de finanzas y administración, los tres por parte del comité de supervisión del fondo.

Firmaron también Ligia Tavera Fenollosa, en representación del personal académico, y Simón Téllez Godínez y Rosaura García Velázquez como representantes del personal administrativo.

Cada uno de los trabajadores incorporados al esquema de retiro tenía una aportación anual de 850 dólares, pagados en parte por la Flacso.

En el caso de los administrativos, la institución ponía 680 dólares, y el beneficiario, 170 dólares. Con el personal académico, directivos y mandos medios, la Facultad aportaba 595 dólares y el beneficiario otros 255.

El monto total de lo defraudado no se ha cuantificado.

Ahora se sabe que el esquema utilizado por Stanford para captar recursos en México era irregular. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó a La Jornada que tiene en curso una investigación, debido a que ese grupo no contaba con autorización, como exige la ley de instituciones de crédito, para captar recursos del público.

Stanford basaba la estrategia de captación de recursos en México en afirmar que las inversiones contaban con la protección de la aseguradora inglesa, como en vender la idea de que su firma financiera gozaba de la mayor solidez y de prestigio internacional. Una de las garantías, según ofrecía, de que siempre tenía la mejor información para invertir era que contaba con un consejo asesor, integrado por personas relacionadas con el ámbito de la política y los negocios en todo el mundo.

A finales de febrero, el diario canadiense Globe and Mail publicó que el consejo asesor de Stanford estaba integrado por Luis Giusti, ex presidente de Petróleos de Venezuela; Peter Romero, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador; Adolf Ogi, ex presidente de Suiza; Jorge G. Castañeda, ex canciller mexicano; Alfredo Arízaga, ex ministro de finanzas de Ecuador, y Lee Brown, ex alcalde de Houston. Ese mismo mes Castañeda declaró que como miembro del consejo asesor de Stanford nunca promovió inversiones en ese grupo.