Buenos Aires, 17 de agosto. En el marco de una fuerte guerra, que compromete al poderoso Grupo Clarín, y a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que le rescindió en los últimos días un multimillonario contrato para televisar los partidos, el vicepresidente argentino, Julio Cobos, un duro opositor al gobierno que integra, aprobó que la justicia investigue el informe patrimonial público de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y su familia.

Cobos, quien aún ocupa su cargo mientras enfrenta al gobierno, en una actitud criticada como antiética por diversos sectores, entró así en un nuevo conflicto, al hacer estas declaraciones a Clarín.

El crecimiento económico que hizo público la presidenta y que –según la declaración– tiene que ver con la venta y alquileres de propiedades inmobiliarias en zonas como el Calafate, de Santa Cruz, donde el costo de la tierra y casas se disparó a cifras siderales en los últimos años por el turismo, originó la denuncia de un grupo de diputados de la centroderechista Coalición Cívica.

El matrimonio Kirchner ha presentado sus declaraciones juradas desde hace años, pero se conocieron más públicamente desde que Néstor Kirchner fue elegido presidente y asumió en 2003, lo mismo cuando resultó electa su esposa en diciembre de 2007. En su única referencia pública a este tema, la presidenta rechazó las acusaciones y señaló que pocas declaraciones juradas como la suya estaban tan claras.

Tres diputados de la coalición pidieron investigar esas declaraciones según las cuáles hubo 158 por ciento de aumento de bienes que sumaban en 2007 más de cuatro millones de pesos poco más de un millón de dólares, lo que decidió al juez Norberto Oyarbide, a solicitar datos a la Oficinas Anticorrupción y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Desde hace años el juez Oyarbide, nombrado en tiempos del ex presidente Carlos Menem, lleva una larga causa contra éste.

Algunos sectores políticos opositores son más cautos; en todo caso estiman que el crecimiento puede ser absolutamente lícito, y otros se limitan a criticar al matrimonio Kirchner por acumulación de propiedades que tenían desde los años 70. Pero hay también denuncias del uso político y mediático de esta situación, planteada a partir de una declaración pública de acceso abierto.

El vicepresidente Cobos, del viejo partido Unión Cívica Radical, era un desconocido gobernador de Mendoza, elegido para acompañar en la fórmula a Cristina Fernández en diciembre de 2007, en un acuerdo que pretendía una renovación de los partidos tradicionales y alcanzó notoriedad al votar contra su gobierno en el tema del incremento de impuestos a la soya en 2008 en medio del conflicto y paro, con características golpistas y desabasto, que mantuvieron cuatro entidades patronales del campo.

Algunos analistas compararon el caso Cobos con lo sucedido con el gobierno de centroizquierda de la alianza, que en diciembre de 1999 ganó en el país con un presidente radical a la cabeza, Fernando de la Rúa y como vicepresidente Carlos Chacho Alvarez del progresismo de izquierda. Cuando se plantearon problemas de irregularidades –por las que en estos días la justicia ha llamado al ex presidente– Álvarez en desacuerdo con éste renunció y se alejó del gobierno.

El caso de la permanencia de Cobos sorprende y especialmente después que en los últimos días después de haber participado con la oposición más dura en las últimas legislativas, mantuvo reuniones con el ex presidente Eduardo Duhalde, jefe del peronismo de derecha, enemigo del kirchnerismo y a quien se le atribuyen las mayores conspiraciones de los últimos años.

También el vicepresidente apoya a las agresivas entidades patronales del campo que amenazan a senadores para que voten retenciones (impuestos) cero, cuando el producto de estas estaba previsto para un programa de distribución de la riqueza.

Otra curiosidad: Cobos criticó a su reciente aliada Elisa Carrió, dirigente de la Coalición Cívica, con la que hizo pactos en el último proceso electoral, por no aceptar ir al diálogo con el gobierno.

En este momento hay una serie de denuncias como las que afectan al diputado derechista Francisco de Narváez –que encabezó la lista opositora ganadora en la provincia de Buenos Aires– por temas de corrupción, un incremento de bienes en 900 por ciento y ligazones con personas investigadas por el tema de la efedrina. Pero en general los medios de comunicación locales ocultan todos los juicios y denuncias contra cualquiera de los dirigentes opositores.