El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), organismo público dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinó 551 mil 560 pesos a la defensa de los inculpados por la matanza de Acteal, en la que participaron docentes y alumnos de la División de Estudios Jurídicos, a la cual está adscrita la llamada Clínica de Interés Público, responsable de elaborar las demandas de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permitió la liberación de 20 indígenas presos por dicha masacre, perpetrada en diciembre de 1997.

Del total de recursos, el CIDE aportó 239 mil 679.86 pesos de sus fondos, lo que representa 43.4 por ciento del monto; mientras que la Hewlett Foundation entregó 266 mil 880.16 pesos, es decir, 48.3 por ciento, y el Open Society Institute –fundado por el empresario George Soros–, otros 45 mil pesos, 8.6 por ciento de los gastos.

Deficiencias del sistema de justicia

En un boletín informativo, denominado NotiCIDE, se destaca que esta casa de estudios asumió la defensa de los acusados de la matanza de 45 indígenas, en su mayoría mujeres y niños de esa comunidad chiapaneca, por su relevancia como un asunto que muestra las deficiencias del sistema de justicia penal en México, y se espera crear precedentes que mejoren la calidad del proceso penal en México. Agrega que las razones para asumir el caso son: justicia pronta, derecho a un intérprete, presunción de inocencia y debido proceso.

Cabe destacar que en la Clínica de Interés Público del CIDE, fundada en 2004, participan alumnos y pasantes de la licenciatura en derecho de esta casa de estudios, coordinados por los académicos Javier Cruz Angulo y Guadalupe Barrera. En la defensa de los acusados del caso Acteal también participó el propio Cruz Angulo, quien encabezó a más de una docena de alumnos y pasantes, así como la profesora Ana Laura Magaloni.

En cuanto a las aportaciones de fundaciones extranjeras para la defensa de imputados por la matanza de Acteal, John Ackerman, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en transparencia, afirmó que la Hewlett Foundation no abre convocatorias públicas para solicitar su financiamiento, por lo que hay una asignación discrecional de los recursos, pues sólo se accede a presentar un proyecto por invitación directa.

Destacó que uno de los grandes pendientes en la agenda de la transparencia son las fundaciones extranjeras que proveen de algún tipo de apoyo financiero a organizaciones civiles o instituciones académicas, pues la cooperación internacional por lo general se mueve con gran opacidad y discrecionalidad que nos habla de la necesidad de emprender reformas urgentes a estos mecanismos de ayuda.

De acuerdo con el Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles AC, la Hewlett Foundation ha apoyado a diversos organismos públicos y civiles en México. Además del CIDE, se encuentran la Fundación Vamos (Rostros y Voces); Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, Centro de Investigación para el Desarrollo de México, Centro Mario Molina, Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y Centro de Transporte Sustentable de México, entre otros.