El sexenio de Vicente Fox representó una regresión en materia de derechos humanos y abrió las puertas para que se presentaran sistemáticas violaciones a estas garantías, sobre todo por parte de los gobernadores, aseguraron el académico Enrique González Ruiz, la diputada Aleida Alavez y Gloria González, directora de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).

Durante la presentación del libro Balance de los derechos humanos en el sexenio del cambio, consideraron que el gobierno foxista representó una regresión en la materia, pues se multiplicaron la represión y la impunidad, mismas que continúan en la administración de Felipe Calderón.

González Ruiz, coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y coordinador de la obra, indicó que con la llegada de Fox a la presidencia no hubo una transición política ni cambio alguno, sino una simple alternancia de partidos en el poder, a tal grado que hoy vuelve el dinosaurio.

Refirió que durante el foxismo no se cumplieron las promesas de armonizar las normas internas con las internacionales, de garantizar los derechos de los migrantes centroamericanos y velar por los de los mexicanos. Agregó que tampoco resolvió los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante la llamada guerra sucia.

En ese sentido, advirtió que si Fox no cumplió, al menos durante su gobierno se mencionaban los derechos humanos, en tanto que en el actual sexenio ni siquiera se demuestra un interés por el tema, sólo hablan de seguridad o de bases militares en Colombia.

La directora de Serapaz señaló que si bien el foxismo logró dar una imagen hacia el exterior de protector y promotor de las garantías fundamentales, en el interior del país no se asumió una acción de protección y defensa de esos derechos.

Indicó que son decenas los casos que revelan la inacción del gobierno del cambio en torno a la materia: Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas, Pasta de Conchos, la ley de medios, las reformas laborales propuestas, la privatización de la seguridad social, las reformas a la ley indígena, constantes violaciones a las garantías de los migrantes, la afectación de los derechos ambiéntales anteponiendo los intereses de empresas trasnacionales y el no esclarecimiento de los crímenes del pasado y los feminicidios de Ciudad Juárez.

Agregó que durante el foxismo se presentaron innumerables violaciones a esas garantías, tales como detenciones arbitrarias, procesos judiciales irregulares, tratos inhumanos, torturas, violaciones sexuales y represión contra movimientos sociales.

La profunda regresión que vivimos hoy en la materia en el país es una consecuencia de la política foxista.

La legisladora, por su parte, subrayó que la herencia del régimen anterior es el crecimiento de la delincuencia organizada y la implementación de una política de impunidad a costa de los derechos humanos.

Lamentó que ante la nueva composición de la Cámara de Diputados –con el PRI como mayoría— no hay visos de una reforma constitucional que promueva la importancia de los derechos humanos en el país. El gobierno del cambio quedó sólo como una frase publicitaria.