Decenas de ex braceros se manifestaron ayer en las inmediaciones del Senado en demanda de que el gobierno federal cumpla el compromiso de entregarles 38 mil pesos a cada uno como parte de un apoyo social.

Efraín Arteaga Domínguez, asesor legal del Frente Nacional de Organizaciones BraceroProa AC y cofundador de la Coordinadora Binacional de Trabajadores Exbraceros y Migrantes, denunció que con las modificaciones que hizo el Ejecutivo federal a las reglas de operación del programa de apoyo social se decidió pagar esa ayuda, de por sí miserable, de 38 mil pesos, en abonitos de 4 mil al año.

El también profesor de posgrado de la Universidad Autónoma de Zacatecas destacó que con dicho cambio tardarán 10 años en completarnos los 38 mil pesos a cada uno. Claro, si hay problemas con la disponibilidad de los recursos bien puede suceder que se reduzca el monto de los abonos y se prolongue el periodo de espera más allá de los 10 años establecidos, pese a que hay ex trabajadores a quienes les queda poco más de un año de vida.

Recordó que en enero pasado, en las mesas receptoras, empleados de la Secretaría de Gobernación les hicieron creer que les harían efectivo el pago de los 38 mil pesos en no más de tres meses.

Difícil, que obtengan el dinero

“Esa decisión ofende gravemente nuestra dignidad, porque como todo mundo sabe la mayoría de los ex braceros son personas de edad avanzada y es muy probable que en 10 años ya no estén sobre la faz de la tierra, sino dos metros bajo ella, es decir, es muy factible que abandonen este mundo sin haber recibido ese miserable ‘apoyo social’ de 38 mil pesos, el cual, por cierto, representa apenas una ínfima parte de lo que el gobierno federal robó”, sostuvo Arteaga Domínguez.

Recordó que durante la visita del presidente de Estados Unidos a México solicitaron a Barack Obama que proporcionara gratuitamente a todos los ex braceros mexicanos que lo requirieran una constancia de que prestaron sus servicios como empleados temporales en ese país bajo el llamado Programa Bracero, de 1942 a 1964, durante la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de la posguerra.

A todos ellos, mientras laboraron en ese país, les deducían 10 por ciento de sus salarios para ir constituyendo el Fondo de Ahorro Campesino, mismo que les tendría que ser reintegrado una vez que estuviesen de regreso en sus comunidades de origen, lo cual nunca sucedió.