os riesgos de un estallido social tienen ya enfrente una barrera de contención fincada a cuenta y cuento de la batalla contra el narcotráfico. Los soldados fueron sacados de los cuarteles no sólo para que los civiles encargados de lo federal trataran de cambiar el orden comercial establecido en materia de drogas (nuevos concesionarios, nuevos distribuidores, nueva tarifación y formas de recaudación), sino en razón de los siempre sabidos riesgos de que los problemas económicos llevaran a una radicalización de la protesta política y social. El comandante Calderón no sólo distribuyó a la tropa a lo largo del país y acostumbró a la población a tener diariamente un reporte sangriento y cruel de bajas, sino que estatuyó por sus pistolas (literalmente) una nueva normatividad pública de guerra que, sin declaración de estados de sitio o de excepción, acabó desplazando los textos constitucionales y legales. Hoy, sin que haya poder alguno que se oponga a ello, el ocupante de Los Pinos ha sometido a arraigo domiciliario a los derechos humanos y las garantías constitucionales y ha decretado la vigencia de las reglas del pitazo, el levantón, la capucha, el allanamiento, la tortura y, en muchos casos, la ley del retén, que como antes sucedía con la llamada ley fuga, sirve para acribillar a quienes supuestamente no atienden las indicaciones de hacer alto en determinados sitios de revisión carretera.

Hoy, cualquier mexicano puede ser asaltado en su casa por comandos armados que al final del episodio, si fuera estrictamente necesario, podrían argumentar que habían actuado al amparo de supuestas denuncias telefónicas anónimas. El grosor de la legalidad imperante y del respeto al presunto estado de derecho es del tamaño de una simple hoja de papel en la que algún soldado o policía diga que apuntó una acusación sin nombre contra algo o alguien. Dos casos recientes han llamado la atención en ese sentido. Primero, el de Manuel Espino, siempre digno de desconfianza por su actuar sinuoso y convenenciero. Instrumento de Vidente Fox en su lucha contra Calderón, Espino es ex presidente del partido encaramado en el poder federal y dirigente de la organización continental de partidos conservadores, por lo que llama la atención que se haya producido un incidente confuso (la Secretaría de la Defensa Nacional asegura que no hubo un allanamiento de morada) en el que según el dicho de Espino se habrían aparecido militares en su casa de Ciudad Juárez durante una fiesta. Pero en el estado de Chihuahua, y en general en todo el país, esos abusos extremos de los militares son moneda corriente, aunque no alcanzan celebridad porque los agraviados no tienen tarjeta preferente en los bancos mediáticos del escándalo personalizado.

Igual ha sucedido con la madre del famoso vocero de La Familia Michoacana, Servando Gómez, conocido como La Tuta. Sin que hubiera una sola evidencia de que la señora María Teresa Martínez hubiera cometido algún delito, se le sometió a un proceso de escarmiento que sin duda tuvo como destinatario al hijo prófugo pero que, además, encaja con irónica exactitud en las afirmaciones que el mencionado Gómez había hecho, semanas atrás, en un programa michoacano de televisión, cuando demandó que se mantuviera contra los narcotraficantes una guerra limpia, circunscrita a los voluntarios participantes y no extendida con ánimos de venganza o presión hacia familiares de quienes se asumen como delincuentes dispuestos a encarar personalmente sus riesgos. La madre de La Tuta fue puesta en libertad (aunque un hermano continúa preso), como está sucediendo diariamente en todo México, con una simple mención displicente de que no hubo pruebas o indicios de que el detenido hubiese estado involucrado en algún acto delictivo. Es decir, cualquiera puede ser detenido por nada, o por el nuevo delito de ser familiar de alguien que infringe la ley, dado que vivimos en una normatividad de guerra que nadie aprobó y que muy pocos desean.

Astillas

Justamente cuando Los Pinos ha filtrado desde días atrás la versión firme de que Eduardo Medina Mora dejará la procuraduría federal de justicia, y que muy probablemente sea enviado como embajador al Reino Unido, se aparece, justiciero e implacable, el manipulado Alejandro Martí para, ahora sí, exigir que, conforme a su frase hasta ahora aceptadamente infructuosa, si no pueden, renuncien, pasen a retiro los funcionarios que no hubieran cumplido. ¿Que renuncie Calderón, el jefe de facto de los funcionarios que él designó y puede despedir, porque son su responsabilidad práctica? No. El flamígero Martí se conforma con que renuncie Medina Mora, el que dicen que ya está renunciado y, si en los pleitos palaciegos también cae Genaro García Luna, por presión de los gringos, pues entonces será carro completo del empresario usado políticamente... Basta ver el manejo del caso Acteal en Televisión Azteca (comprada por Salinas Pliego al gobierno de Carlos Salinas con un préstamo auxiliar de 30 millones de dólares del hermano Raúl) para confirmar que la supuestamente quijotesca búsqueda de justicia es en realidad una revancha del salinismo contra el zedillismo, ahora que el jefe Carlos ha vuelto a tener amplio control político explícito. Los selectivos esfuerzos del área jurídica evangelizada del CIDE, y de comentaristas e intelectuales dedicados a reivindicar a los acusados del asesinato histórico, han creado las condiciones adecuadas para que el Padrino, don Carleone, insista en buscar el acribillamiento político e histórico de su escurridizo sucesor. El móvil, desde luego, no es la justicia en sí (que muchos expedientes oscuros tiene Zedillo, el de la venta de los ferrocarriles nacionales, antipatriótica y llena de alta corrupción, por ejemplo), sino el ajuste de cuentas entre bandos mafiosos, con la tierna ayuda de blancas palomitas intelectuales y jurídicas... Y, mientras Calderón y sus allegados siguen viviendo requetebién de no hablar mal de un México que cada vez está peor, ¡hasta mañana, con las viudas de Pasta de Conchos dispuestas a no dejarse avasallar por el paso del tiempo y las impunidades concertadas!

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