La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó ayer a comisiones un punto de acuerdo en el que se exhorta al presidente Felipe Calderón y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, a reabrir una nueva investigación sobre la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado de Acteal.

A 12 años de aquella lamentable tragedia nos encontramos ante una oportunidad de tratar de enmendar los errores cometidos y aplicar la justicia a los verdaderos responsables de la muerte de los indígenas, señala el texto que propuso al pleno el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal.

En la exposición de motivos el senador zacatecano señala que el conflicto indígena en México lleva muchos años en algunos de los estados de sur con más pobreza; sin embargo, la sociedad en general conoció su fuerza y algunas demandas hasta 1995. Menciona que los indígenas han vivido un forcejeo en el que grupos armados los han sometido o reclutado.

Monreal destaca que la masacre ocurrida a finales de 1997 y perpetrada por grupos paramilitares en contra principalmente de mujeres, niños y ancianos, duró cerca de 6 horas en las que se hicieron miles de disparos que fueron escuchadas en poblaciones vecinas. Se sabe que algunos de los habitantes de estas poblaciones dieron parte a las autoridades de lo que estaba sucediendo, y éstas decidieron no intervenir, y no solo eso, sino durante la investigación se modificaron, crearon y plantaron evidencias a fin de restar importancia al suceso.

La masacre de Acteal, sostiene el petista, sigue siendo un agravio vigente para la sociedad mexicana porque los autores intelectuales de la matanza permanecen en la impunidad.

“Estamos frente a una doble injusticia: la acontecida el 22 de diciembre de 1997 cuando 47 indígenas tzotziles, entre niños, mujeres y adolescentes y adultos, fueron asesinados –en forma artera– por fuerzas paramilitares en la comunidad de Acteal; y la injusticia que hoy sale a la luz pública, a través de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara la inconstitucionalidad del proceso seguido contra los 26 quejosos, acusados de distintos delitos, entre ellos homicidio calificado, lesiones calificadas y portació de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”, aseveró Monreal.

Lamentó que el conflicto que sucedió hace poco más de una década en los Altos de Chiapas haya sido tratado como un choque de fuerzas entre grupos paramilitares. Hoy sabemos que esta teoría es la que nos han inducido a creer, sin que a 12 años de la masacre se tenga información veraz y contundente.

Ricardo Monreal destaca en el texto que la resolución de la Corte genera diversas cuestiones, entre las que destacan la lentitud en el sistema judicial mexicano, y las irregularidades en la integración de la averiguación previa por parte del Ministerio Público, tanto local como federal.

¿Quien devolverá a las personas puestas en libertad los 12 años de vida que perdieron en proceso, y que ahora se les dio tan solo una disculpa y su palmada en la espalda? No podemos permitir en un Estado democrático que la justicia llegue tan tarde, o que de plano como sucede muy seguido, y en este caso particular no llegue.