La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició este miércoles la revisión de diversas contradicciones de tesis entre tribunales colegiados, en un caso en el que los ministros decidirán si es inconstitucional que el Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) venda a empresas trasnacionales los créditos vencidos de las casas de los trabajadores que cotizan para ese organismo, con el propósito de que sean esas compañías las que sigan cobrando los adeudos y/o tengan legitimación jurídica para iniciar juicios de desahucio, a partir de los cuales puedan quitarle sus propiedades a los deudores.

El tema a revisión parte de un proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien propuso avalar la venta de cartera vencida de créditos del Infonavit.

Ayer, ante la división de posturas entre los integrantes de la segunda sala que se refirieron al caso en sesión privada, se tuvo que aplazar la resolución hasta la discusión de la próxima semana.

De acuerdo con la diputada federal electa por el Partido del Trabajo (PT) Laura Itzel Castillo, en este litigio está en juego la cesión de alrededor de 56 mil créditos vencidos que el Infonavit le vendió de manera irregular a dos trasnacionales en 2006, a un precio promedio, cada casa, de alrededor de 25 mil pesos.

Una de estas empresas es Scrap II, filial de Citigroup, dirigida por Enrique Colliard. Según Laura Itzel Castillo, este presidente del corporativo pagó con un cheque de mil 175 millones de pesos el mismo día en que se constituyó la empresa. Esta es una irregularidad grande, porque no se está cumpliendo con la subasta ni con la licitación requerida.

Pero lo más importante, agregó, es que la SCJN debe aclarar si es o no constitucional este tipo de transacciones, pues de lo contrario, en el futuro se pueden repetir situaciones como las que están a revisión en la segunda sala.

Castillo representa a decenas de trabajadores afectados por las medidas adoptadas por el Infonavit, muchos de los cuales han obtenido amparos de tribunales inferiores a la Corte, mientras que a otros, en cambio, se les ha negado la protección de la justicia, lo que representa una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito, que tendría que aclarar la SCJN.

Ayer, desde muy temprano, un grupo de trabajadores que se han visto afectados con este asunto se manifestó frente a la sede de la Suprema Corte.

En otras ciudades como Monclova, Coahuila; Ciudad Valles, San Luis Potosí; Puebla, Puebla, y Chihuahua, Chihuahua, se efectuaron mítines simultáneos frente a las instalaciones del Poder Judicial Federal.

En el Distrito Federal, tras concluir la sesión de la segunda sala de la Corte, la diputada federal explicó en entrevista que las empresas trasnacionales Capmark y Scrap II, a las que el Infonavit les vendió los créditos por las casas de los trabajadores a un precio 10 veces inferior al valor de la propiedad, han recurrido a prácticas de terrorismo extrajudicial al cobrarle a los trabajadores sus viviendas como nuevas, sin importar los pagos que ya habían hecho, o al presionarlos para que las desalojen.

“Nosotros estamos invocando el artículo 123 constitucional fracción XII, donde claramente se señala que se constituye un fondo nacional de vivienda con la aportación patronal a partir del salario base de los trabajadores, que sería de 5 por ciento.

Con este fondo nacional de vivienda lo que se tiene que crear es un sistema mediante el cual se otorguen créditos baratos y suficientes. Por lo tanto, es un crédito de previsión social y no uno hipotecario bancario. Nosotros lo que decimos es que se debe cumplir la Constitución Política, y que no tiene por qué venderse a empresas trasnacionales los créditos de las casas de los trabajadores mexicanos. Máxime cuando algunos ya han pagado hasta dos y tres veces el valor de la casa , puntualizó la legisladora electa.

Luego criticó la propuesta del ministro Aguirre Anguiano, respecto de que la Corte avale la venta de cartera vencida del Infonavit, y recordó que en días pasados, cuando el ministro recibió a un grupo de deudores que pidieron el amparo, “nos dijo en su despacho que la política no servía para nada y que la cuestión social estaba tan alejada como Júpiter… a lo cual yo le contesté que la justicia para él era la que estaba tan alejada como Júpiter… y él me dijo que no le faltara al respeto, y yo le contesté que no me faltara él al respeto, a mí y a los trabajadores que estaban en esta situación”.