Jalapa, Ver., 21 de agosto. La dirigencia estatal del PAN pidió deslindar responsabilidades, incluso formular cargos penales a la empresa que construyó el puente Fidelidad I que une la avenidas Lázaro Cárdenas y Rafael Murillo Vidal en esta ciudad, que la víspera se desplomó al no aguantar el peso de un tractocamión que transportaba grava.

El secretario general del PAN, Germán Ortega Castro, consideró sospechoso que la familia Canales Freeman, accionista del Grupo Constructo, tenga ligas con el gobernador Fidel Herrera Beltrán, pues durante cuatro años Carla Canales –hija de uno de los inversionistas– fue subsecretaria de Infraestructura Regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (Sedesma).

Deben ordenarse un peritaje minucioso y una auditoría financiera a la obra (cuya reconstrucción tardará unos tres meses y costará unos 10 millones de pesos), además de pedirse cuentas no sólo a los edificadores sino a los funcionarios que evidentemente están involucrados en un acto de corrupción, aseveró el dirigente.

Ortega Castro juzgó insoslayable corroborar con expertos si los materiales y el procedimiento de construcción del puente Fidelidad I tuvieron la calidad y supervisión adecuados, pues la asignación de la obra al Grupo Constructo estuvo viciada de origen.

Durante la licitación pública hubo irregularidades, y la entrega del contrato fue como un traje a la medida para la empresa ganadora, única concursante invitada. Además, entre la publicación de la convocatoria (el 8 de mayo de 2007) y la entrega de propuestas técnicas y económicas hubo sólo 15 días hábiles, y era imposible concursar sin tener los datos con anterioridad, observó.