Hace exactamente un año, especialistas del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) rechazaron, en un pronunciamiento de nueve puntos, la puesta en marcha de la reforma curricular integral de la educación básica, de la que pidieron su inmediata suspensión hasta asegurar las condiciones necesarias para sostener un proceso sólido que mejore la educación de las nuevas generaciones.

En su documento reclamaron un cambio profundo en la educación básica mediante un replanteamiento sustancial de las bases legales y normativas que regulan las atribuciones y funciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Además, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) asuma sus obligaciones constitucionales y facultades inalienables, en lugar de renunciar a ellas ante los intereses particulares de la organización sindical y otras entidades privadas.

Ya alertaban que en medio de las serias deficiencias e insuficiencias en la conducción que requiere la educación del país: La SEP ha otorgado a la dirección del SNTE facultades excesivas, no sólo para definir políticas educativas, sino también para fijar orientaciones pedagógicas.

Cuatro meses después, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa –el órgano más importante del país en materia de pedagogía– criticó la reforma curricular de la educación básica por improvisada y sujeta a negociaciones políticas con el SNTE, y porque su orientación no puede seguir saturando de contenidos los programas de estudio.

Por el contrario –consideraron en el documento 124 expertos–, la reforma debe centrarse en fomentar las capacidades de aprendizaje de los alumnos.