Dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió sobre la liberación de 20 indígenas acusados de la matanza de Acteal, y en respuesta al sinnúmero de críticas que tras ese fallo ha recibido el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de parte de organismos defensores de los derechos humanos, directivos de ese centro de estudios reconocieron que “sí hubo grupos paramilitares que participaron en la tragedia del 22 de diciembre de 1997, como ahora parece estarse documentando (mediante informes estadunidenses). Nos parece que sí… que el Estado mexicano debe dar una explicación correcta a su población sobre estos acontecimientos”.

Durante más de una hora, José Antonio Caballero, director de la división de estudios jurídicos del CIDE, y Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público –dependiente del centro– y autor de las demandas de amparo sobre el caso Acteal, intentaron justificar su decisión de abogar por un grupo de 52 indígenas implicados en la matanza de 45 tzotziles.

Las críticas contra el CIDE están basadas en especulaciones, sostuvo Caballero. Y luego, tras admitir que el presidente Felipe Calderón se reunió el 11 de abril de 2006 (cuando era candidato presidencial del PAN) con el pastor evangélico Hugo Eric Flores (entonces profesor invitado del CIDE y dirigente nacional de la agrupación política Encuentro Social), rechazó que esa reunión hubiera influido en la decisión de la división de estudios jurídicos del CIDE de asumir la defensa del caso Acteal. “Absolutamente no influyó… en absoluto”, aseguró Caballero.

Cruz Angulo hizo sus propias aclaraciones: Ninguno de los 20 indígenas liberados es uno de los homicidas confesos; los confesos sólo obtuvieron amparos para efecto de reposición de procedimiento. Las autoridades judiciales deben volver a sentenciarlos, pero sin tomar en cuenta las pruebas inventadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y validadas por los jueces.