La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) financió con más de 6 millones de dólares el equipamiento, organización y adiestramiento de un grupo elite de militares mexicanos, denominado Grupo Anáhuac, el cual operó de manera irregular en territorio nacional bajo supervisión directa de los agentes estadunidenses.

El general de división Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional (Sedena) durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), revela lo anterior y da cuenta de cómo hasta 1988 la Sedena le entregó a la embajada de Estados Unidos el informe diario de las actividades en contra del narcotráfico y cómo, cuando el general secretario consideró que la instancia adecuada para enviar el reporte era la cancillería o la PGR, las relaciones con las autoridades del país vecino se distanciaron.

En su obra de edición restringida El libro de Chiapas –se dice que publicó menos de 100 ejemplares–, Riviello Bazán asegura que la actuación irregular del Grupo Anáhuac terminó al iniciarse la administración salinista en 1988 y que así se mantuvo hasta su desaparición en 1990.

Desconfianza de Washington

Asimismo, da cuenta de los encuentros que sostuvo con funcionarios de la embajada estadunidense en México y con congresistas de ese país en Washington, en los que era evidente la desconfianza de Estados Unidos ante las cifras que le entregaba el Ejército en materia de destrucción de plantíos de mariguana y amapola, ya que las cifras que al respecto tenían las agencias de ese país no coincidían con las que les enviaban los militares mexicanos.

También les preocupaba que “todo el trabajo de inteligencia –proporcionado por los estadunidenses– no era explotado debidamente y, de alguna manera, esta información se metía a la caja fuerte sin que tuviese ninguna utilidad”.

Por su parte, el divisionario reprochó a sus interlocutores que si bien la mariguana era un cultivo prohibido, su daño ni remotamente podía compararse con los daños que generan en México los miles, si no es que millones, de armas que venden a mexicanos algunos traficantes que operan en Estados Unidos.

Incluso les expuso que el gobierno mexicano estaba en la posibilidad de enviar diaria y oficialmente, a manera de informe, un consolidado de los muertos y heridos que causaban las armas estadunidenses aquí.

Riviello destaca que en aquel entonces el Ejército aseguraba armamento muy sofisticado a los narcotraficantes, desde armas con silenciadores, lanzagranadas y lentes infrarrojos de visión nocturna y designadores láser hasta lanzagranadas múltiples de 37 mm, “además de otros adelantos y artificios bélicos que nuestras fuerzas armadas no tenían.

Hoy sigo pensando que esta inquietud vale la pena ser estudiada seriamente, subraya.

El tema del Grupo Anáhuac, relata el militar, fue abordado el 3 de abril de 1990 en una audiencia que concedió a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos Peter Palmer y Juan Noriega, quienes iban acompañados del agregado militar adjunto, mayor Emilio González.

Palmer, añade el general, le comentó cómo se había formado el Grupo Anáhuc, del esfuerzo que se había realizado para que el Congreso de Estados Unidos autorizara un presupuesto de más de 6 millones de dólares para el equipamiento, organización y adiestramiento de este grupo, y que en víspera de finalizar su misión en México no sabía qué cuentas iba a rendir a su país, ya que después de dos años no tenían resultados positivos, de no ser las operaciones realizadas en Ciudad Obregón y Caborca, en Sonora.

Les comentó que el problema radicaba en que había una multiplicidad de mandos y órdenes en las operaciones del Grupo Anáhuac, por la Secretaría de Gobernación, la PGR y el Ejército.

Asegura que desde el inicio del mandato de Salinas de Gortari el Grupo Anáhuac dejó de operar bajo las órdenes de la DEA.

Sin embargo, después del encuentro de Riviello con los agentes estadunidenses, en 1990, el presidente de la República ordenó la desaparición del citado agrupamiento y la creación del Grupo de Fuerzas Especiales, que estaba a disposición del alto mando del Ejército. También que se devolvieran a Estados Unidos dos helicópteros Bell 212, armamento y equipo entregado al Grupo Anáhuac.

Relata que Salinas ordenó el 4 de abril de 1990 que se trasladaran a la frontera los helicópteros estadunidenses que operaban en México sin la autorización correspondiente, para ser devueltos a la DEA; el armamento y el equipo también se pusieron a disposición de dicha agencia, y quedó concentrado en los Almacenes Generales de Materiales de Guerra para su devolución.

Sin embargo, afirma que el material nunca fue recogido ni se volvió a utilizar.

La agencia tampoco atendió la disposición de la Sedena de reintegrar los gastos invertidos en el adiestramiento de los militares que formaban el grupo.

Después de entrevistarse con diversos congresistas en Washington, en julio de 1993, la agencia antidrogas y el Ejército Mexicano alcanzaron los siguientes acuerdos:

Que Estados Unidos proporcionara al Ejército la información obtenida en sus satélites sobre el lugar en que se encontraban los plantíos de droga, además de la ubicación de pistas de aterrizaje clandestinas; que se permitiera la venta a las fuerzas armadas mexicanas de los fusiles Barret calibre 0.50 mm y los sistemas de navegación satelitales GPS-N 1000, M-5, además de armamento y equipo; que se continuaran utilizando cámaras fotográficas KA-15 RC-10 para reconocimiento aéreo y su adaptación a los aviones King Air C-90 de la Fuerza Aérea, entre otras acciones.

En contraste con la participación cada vez mayor del Ejército en el combate al narcotráfico en la actual administración, Riviello señala, en su libro editado este año, que al asumir el cargo solicitó y obtuvo del presidente la autorización para que las tropas permanecieran al margen de las actividades de investigación y aprehensión de delincuentes relacionados con el narcotráfico, pues estas acciones estaban fuera de nuestra acción legal, además de que significaban un impacto negativo para nuestras fuerzas armadas, al tener que actuar al lado de elementos de otras dependencias que, en ciertas ocasiones, no parecían confiables.

La participación de las fuerzas armadas, concluye el divisionario, quedó dentro del marco de a Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos: la destrucción de plantíos, el establecimiento de bases de operaciones, el patrullaje sobre caminos de segundo y tercer orden, vigilancia y destrucción de pistas de aterrizaje clandestinas.