El cumplimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal será obligatorio para todas las dependencias centralizadas y descentralizadas, así como para las paraestatales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo cual hoy se publicará en la Gaceta Oficial el decreto correspondiente.

En la presentación pública de este programa, a la que asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de la Comisión de Derechos Humanos local, de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de organizaciones de la sociedad civil, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, pidió a todos los sectores involucrados presentar ante la Asamblea Legislativa su propuesta de iniciativa para elevar a rango de ley este programa y garantizar el presupuesto suficiente para su cumplimiento.

El objetivo último de todas las instituciones del Estado son nuestros derechos y no es posible que tengamos un debate presupuestal en el país donde eso es secundario, accesorio o que se relacione solo con recursos a una comisión, acotó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, señaló que el desafío es realizar un cambio de paradigma en el que las garantías individuales sean la base de las acciones del servicio público y en el que la rendición de cuentas incluya sanciones por incumplimiento de las responsabilidades y la reparación del daño a quien se violen sus derechos.

Al destacar que el segundo paso es que el programa se convierta en una ley que garantice su aplicación a todas las instituciones, resaltó que las más de 2 mil 400 líneas de acción son a corto y mediano plazos, y para el presupuesto del próximo año ya habrá aspectos a los que se pueden destinar cerca de 20 mil millones de pesos.

Señaló que habrá temas, como el del agua, a los que se tendrá que dar prioridad, pues son críticos, así como cuestiones que tienen que ver con la impartición de justicia, además de que hay poblaciones que no pueden esperar demasiado, como las callejeras.

En su oportunidad Jacqueline L’ Hoist, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, hizo un llamado a la legislatura que entrará en septiembre próximo a que retome la agenda en materia de derechos humanos y el proceso de elección del nuevo presidente de la CDHDF sea transparente y con la participación ciudadana, para que haya la certeza de la legitimización y la autonomía que se requiere para la evaluación y seguimiento del Programa de Derechos Humanos de la ciudad de México.