Orizaba, Ver., 26 de agosto. El octavo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito falló en favor de los obreros de la Compañía Industrial Veracruzana (CIVSA) para que puedan liquidar los bienes de la empresa a fin de cobrar pagos pendientes.

CIVSA, que fue uno de los símbolos del movimiento obrero de 1907 en el corredor textil Orizaba-Río Blanco, era propiedad del empresario Antonio del Valle Ruiz. El edificio está valuado en 120 millones de pesos y podría rematarse para obtener 90 millones de pesos que se adeudan a 300 obreros, 187 de los cuales fueron despedidos en 1991, señaló María Luisa Campos, asesora legal de los trabajadores. Aseguró que con este fallo las autoridades laborales hicieron justicia tras dos décadas de peregrinar en tribunales.

El remate queda firme; no pasa a los bancos ni a las trasnacionales. Los señores Del Valle Ruiz deben entender que la fábrica ya es de los ex trabajadores, aseveró la litigante.

Indicó que la junta de conciliación y arbitraje número 6, además de un grupo de notarios y representantes de los empresarios, determinarán la fecha y términos del remate del inmueble para liquidar a los 187 obreros despedidos injustificadamente en 1991 y que desde entonces están en huelga.

El 25 de enero de 2006, un grupo de 347 obreros activos, representados por José Torres Serrano, secretario del Sindicato de Trabajadores de CIVSA, inició una huelga en reclamo de prestaciones laborales por 56 millones de pesos. Torres Serrano anunció que este grupo se opondrá al remate mientras no se resuelvan los litigios de sus representados.

La Compañía Industrial Veracruzana, conocida originalmente como Fábrica Santa Rosa, es el último de los siete complejos textiles instalados a finales del siglo XIX en el corredor Orizaba-Río Blanco-Ciudad Mendoza, cuna del movimiento obrero del país.

Las otras fábricas eran Cocolapam, San Lorenzo, Cerritos, Río Blanco, Santa Gertrudis y Mirafuentes, que en su momento conformaron la Compañía Industrial de Orizaba Sociedad Anónima, ya desmantelada.

En febrero de 2007, la junta federal de conciliación y arbitraje número 6 notificó que la familia Del Valle Ruiz tramitó la declaratoria de quiebra financiera de CIVSA, un mes después de que los 347 trabajadores iniciaron una huelga, la cual continúa.

También en 2006, el entonces presidente municipal de Ciudad Mendoza, Sergio Rodríguez Cortes, denunció que el gobierno de Fidel Herrera Beltrán maniobraba para que el empresario poblano Kamel Nacif Borge adquiriera la fábrica Santa Rosa.

Aseguró que el rey de la mezclilla, involucrado con el pederasta Jean Succar Kuri, estaba interesado en comprar la factoría para usar su planta de generación de energía eléctrica y venderle el fluido a los ayuntamientos de la zona y al gobierno estatal.