l rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, señaló ayer que, ante el recorte de uno por ciento en el gasto de las universidades públicas anunciado por la SEP el pasado viernes, la máxima casa de estudios –cuyos recursos se verán mermados en 200 millones de pesos– analiza la posibilidad de diferir algunas de las tareas proyectadas en materia de inversión e infraestructura, a efecto de no paralizar ninguna de sus áreas sustantivas. A renglón seguido, Narro llamó a la próxima legislatura de la Cámara de Diputados a voltear a ver a la educación superior como algo muy importante para el presupuesto de 2010
y mencionó, como precedente, el hecho de que esa instancia legislativa otorgó a la UNAM, entre 2000 y 2009, más de cinco mil millones de pesos adicionales a los contemplados en los proyectos presupuestarios del Ejecutivo federal.
Por otro lado, el rector universitario convocó a racionalizar los contenidos de las campañas electorales y a alejarlas de la frivolidad.
En la circunstancia actual, cuando los desajustes económicos han derivado en severas afectaciones a las finanzas públicas, y cuando el gobierno federal no parece tener otra respuesta ante ello que el incremento en la carga impositiva para los contribuyentes cautivos –como anunció hace unos días el titular de Hacienda, Agustín Carstens– y el recorte presupuestal a la educación superior y al gasto social, debe saludarse la pertinencia y la sensatez que revisten los señalamientos del rector de la UNAM.
Con respecto a la propuesta de recortar los gastos de las campañas electorales, es necesario reiterar que el enorme presupuesto ejercido en ese rubro –a principios de este año, el Instituto Federal Electoral otorgó a los partidos políticos con registro más de 3 mil 600 millones de pesos en fondos públicos, es decir, dinero de todos– resulta inaceptable por partida doble: por un lado, porque refleja la frivolidad e insensibilidad del conjunto de la clase política ante los rezagos históricos del país en ámbitos como el empleo, la salud, la educación y la vivienda, los cuales se han profundizado y extendido durante la actual recesión económica; por el otro, porque las instituciones electorales del país no han cumplido su tarea central, que es dotar de certeza a los resultados de las votaciones y establecer los cauces necesarios para la resolución de las inevitables diferencias políticas, y se encuentran, en cambio, sumidas en un profundo descrédito, sobre todo a raíz de los desaseados comicios presidenciales de 2006.
Por lo que hace al llamado de Narro a los legisladores para que dignifiquen el presupuesto de las universidades públicas en el paquete económico del año entrante, es claro que los recursos necesarios podrían obtenerse de una reducción sustancial del monto que el Ejecutivo federal destina en gastos de lujo como celulares, choferes, equipos de seguridad, boletos de avión, seguros de gastos médicos mayores y de retiro individualizado –que representaron, tan sólo en el primer semestre de este año, una erogación de casi 10 mil millones de pesos–, y demás prestaciones principescas que se otorgan a sí mismos los altos funcionarios de la administración pública federal.
En la misma lógica, resulta impostergable que el gobierno se deshaga de ramas del ejercicio presupuestal que constituyen, además de gastos onerosos e injustificables, un espacio propicio para la corrupción. Un ejemplo de esto, que ha salido a la luz pública recientemente, es el caso del Conjunto Aristos, rentado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 36 millones de pesos al año –monto que, proyectado a 10 años, el tiempo que dura el contrato de arrendamiento, rebasa por mucho el recorte aplicado al presupuesto de la UNAM– y que opera, según han denunciado trabajadores de la dependencia, en condiciones de seguridad por demás precarias. Sin desconocer la necesidad de que la dependencia cuente con espacios de trabajo adecuados, resulta injustificable que se haya optado por la renta, y no por la compra –que de todos modos podría saldarse a crédito– de un inmueble.
Es claro, en suma, que si los encargados del manejo económico aplicaran los principios de transparencia, austeridad y eficiencia en el gasto público, el país podría contar con recursos suficientes para revertir el recorte presupuestario que el gobierno federal pretende aplicar a la educación superior a cargo del Estado. En ese sentido, los señalamientos de José Narro aportan valiosas perspectivas que deben ser atendidas por los integrantes de la próxima legislatura.
