n los días recientes se han escuchado cuestionamientos provenientes de algunos sectores de la población estadunidense en relación con la posición que ha adoptado el presidente Barack Obama de no dar prioridad al programa de reforma migratoria, como ofreció durante su campaña a la presidencia, y enviarla hasta finales de año, dado que su preocupación central en estos momentos es la reforma en el sistema de salud.
Sin duda, Obama no la tiene fácil, sobre todo porque la migración indocumentada es un asunto muy controvertido que divide a la opinión pública. Por un lado, están aquellos que quieren que se aplique todo tipo de sanciones a estos trabajadores, esgrimiendo, entre otros argumentos, que han violado la ley
, que son un factor de retroceso en la economía de Estados Unidos, pues impiden el de-sarrollo tecnológico, y que al ocupar los puestos de trabajo de los nativos de baja calificación los empobrece. Por lo tanto merecen como castigo la cárcel y la deportación.
Es bastante fácil rebatir estos juicios. En primer lugar, quien provocó la falta de documentación es la administración estadunidense al cerrar la frontera luego del extraordinario crecimiento económico que requería trabajadores de baja calificación y no incrementar las visas correspondientes. Decir que impiden el desarrollo tecnológico resulta a todas luces insostenible, porque si algo caracterizó a Estados Unidos desde la década pasada fue la economía del conocimiento en el contexto de la revolución científico-tecnológica de la cual fue líder indiscutible hasta la crisis de 2007.
Habría que decir que a pesar de la crisis, no creo que su papel en la economía del conocimiento y las exigencias en los mercados de trabajo cambien dramáticamente, ya que su papel en la economía global sigue siendo preponderante. Por otro lado, el trabajo de los migrantes indocumentados no compite con los nativos, pues realizan trabajos que éstos no quieren realizar –los llamados 3D (durty, demanding, dangerous)– y pueden acogerse a otras opciones que ofrecen los diversos programas sociales, entre ellos, el seguro de desempleo.
En este contexto, me parece muy oportuno el estudio realizado por el Instituto CATO, titulado Restriction or Legalization? Measuring the Economic Benefits of Immigration Reform, de la autoría de Peter Dixon y Maureen Rimmer, quienes en siete ejercicios de simulación analizan los posibles efectos que podría tener en la economía estadunidense una política migratoria que sigue incrementando los refuerzos fronterizos y trata de reducir la migración de trabajadores indocumentados de baja calificación. Los investigadores consideraron el número de migrantes indocumentados, calificaciones, ingresos que perciben, impuestos que pagan y los gastos que significan para ese país.
Los resultados del estudio son relevantes. Por un lado, señalan que si se reduce el número de estos trabajadores en 28.5 por ciento, se reduciría el bienestar y el ingreso de las familias en 0.5 por ciento, es decir, en 80 mil millones de dólares. Pero si se legalizan los migrantes de baja calificación, se incrementaría significativamente el ingreso de los trabajadores y las familias de Estados Unidos.
La legalización supone eliminar el costo de los coyotes y polleros, así como terminar con la industria de los papeles falsos, todo lo cual redundaría en beneficio de los trabajadores en su conjunto.
Si aumenta la migración de baja calificación, la economía del país se expande, creando nuevos puestos de trabajo en las áreas de alta calificación. Algunos de los trabajadores que tienen un salario bajo pueden verse positivamente beneficiados por la movilidad laboral.
Los autores señalan que la pérdida del ingreso para las familias estadunidenses sería proporcional a la reducción de trabajadores indocumentados. Por ello, afirman, la política migratoria correcta es la legalización y la amnistía.
El profesor Manuel Pastor, de la Universidad de California del Sur, asegura que la migración es una solución estructural más que un problema estructural y que es necesario abordar la reforma migratoria desde una visión cuyo eje gire en torno a la integración del migrante. Cuando se observan los efectos económicos, los blancos son los que más se benefician porque el trabajo de los migrantes es complementario y reduce los costos del consumidor. Sin embargo, esa misma población tiene una gran preocupación por los cambios demográficos, ya que podrían convertirlos en una minoría. Empero, tal como advierte Pastor, el verdadero reto demográfico es enfrentar el fin de los baby boomers, pues ello va a crear una enorme cantidad de dependientes con una menor captación de impuestos. Por tanto, resulta imperativo contratar trabajadores jóvenes, que están a la mano, si se legaliza a los 12 millones de indocumentados residentes en Estados Unidos, que conforman 5 por ciento de la fuerza de trabajo.
Éstas son sólo algunas voces en favor de la legalización y la amnistía de los trabajadores indocumentados, pero hay muchas más que deben convertirse en una sola para presionar por la legalización de los trabajadores indocumentados.
