La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó que en el primer año del gobierno de Felipe Calderón los grandes consorcios (empresas dedicadas a servicios, construcción y alimentos) no pagaron 43 mil 864 millones de pesos por obligaciones fiscales, resultado de 736 revisiones aplicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El documento Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano señala que ese año los recursos públicos desviados a fideicomisos, fondos y contratos análogos ascendieron a 327 mil millones de pesos, cuyo destino y uso se desconoce.

Producto de las auditorías aplicadas por la ASF, el documento concluye que resulta necesario dotar de mayores facultades recaudatorias a estados y municipios, ampliar el padrón de contribuyentes, combatir decididamente la evasión y la elusión fiscal, eliminar el sector informal de la economía y el contrabando, simplificar y mejorar la progresividad del marco regulatorio impositivo, otorgar certidumbre jurídica al contribuyente, establecer una política fiscal de largo plazo que propicie certeza a las inversiones, y mejorar la recuperación de las obligaciones fiscales mediante juicios.

En 2007 el SAT realizó 5 mil 968 actos de fiscalización a grandes contribuyentes, cifra 37.5 por ciento menor (equivalente a 3 mil 576) que los 9 mil 544 programados. Así, 5 mil 232 actos no fueron eficaces al no tener impacto económico. El resto, 736 actos, tuvieron impacto económico por 64 mil 414 millones de pesos; de esa cifra, 68.1 por ciento, equivalente a 43 mil 864 millones, no se cobró, lo que denota deficiencias en la recaudación secundaria derivadas de los actos de fiscalización.

De acuerdo con una revisión efectuada por la ASF, el número de fideicomisos creció de mil 387 en 2004 a mil 409 en 2005, y el monto de sus activos pasó de 675 mil millones a 742 mil millones de pesos en el mismo periodo.

Al cierre de 2007, el volumen de fideicomisos disminuyó a 341. No obstante, concluye, persiste alto grado de opacidad y se continúan manejando importantes disponibilidades de recursos públicos, que ascendían ese año a 327 mil 74 millones de pesos.

El auditor Arturo González de Aragón refiere en el estudio que la discrecionalidad se observa de manera reiterada en muchos sectores de la administración pública sobre el manejo de los recursos, lo cual propicia corrupción, ineficiencias y alto grado de opacidad.

Un ejemplo se encuentra en los resultados de las revisiones de la ASF a los recursos fiscales excedentes, de los cuales, en 2004, se obtuvieron 46 mil 595 millones de pesos, habiéndose destinado 11 mil 649 millones (25 por ciento) a mejorar el balance presupuestario, sin que la Secretaría de Hacienda contara con registros de su aplicación que permitieran evaluar su adecuado manejo.

Agrega que el artículo 21, fracción I, inciso j, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, otorgó facultades a la SHCP para realizar descuentos a los ingresos excedentes, los cuales correspondieron, entre otros, al incremento del costo financiero de la deuda de Pemex, de 6 mil 170 millones de pesos; al mayor costo de combustible de la Comisión Federal de Electricidad, por 7 mil 91 millones, y a los menores ingresos de Luz y Fuerza del Centro, por 639 millones de pesos, no existiendo documentación que acreditara las transferencias a dichas entidades.