La fracción del Partido del Trabajo (PT) para la 61 Legislatura en la Cámara de Diputados presentó su agenda legislativa, cuyo propósito se enfoca en eliminar los paraísos fiscales que amparan la impunidad de cientos de empresas y holdings; derogar el impuesto empresarial a tasa única (IETU), y utilizar los fondos y fideicomisos integrados con recursos públicos para apoyar a los sectores productivos del país.

El coordinador de la próxima bancada petista, Pedro Vázquez González, anunció que la propuesta de su partido permitirá recaudar recursos presupuestales por 550 mil millones de pesos en 2010, sin la necesidad de incrementar la carga tributaria de empresas y personas, ni aumentar las tarifas de servicios públicos y combustibles.

Adelantó que impulsará un programa de limpia y revisión de los recursos que maneja el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), y de esa forma disminuir el costo que tiene para las finanzas públicas el pago de esa deuda.

Tan sólo con la desaparición de los altos gastos millonarios que tienen los funcionarios públicos de alto nivel en telefonía celular, personal de apoyo, viajes, viáticos, bonos de retiro, vehículos y seguros de gastos médicos se lograría ahorrar al erario alrededor de 25 mil millones de pesos, apuntó el diputado federal electo.

El plan

En rueda de prensa en San Lázaro, los 11 diputados electos del PT, entre ellos Ifigenia Martínez, Enrique Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, Jaime Cárdenas y Mario di Costanzo, presentaron los Elementos y propuestas para la discusión del paquete económico 2010, que se fundamenta en la propuesta económica del Movimiento en Defensa de la Economía Popular, que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Di Costanzo expuso que la del PT es una contrapropuesta para que no se incrementen los impuestos a la población en general. Solamente se eliminarían los regímenes fiscales que han permitido a las grandes empresas eludir una gran cantidad de impuestos, destacó.

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo puntualizó que la propuesta busca adelgazar a la obesa burocracia nacional que ha crecido en la reciente década, así como reducir los altos salarios no sólo de funcionarios del Ejecutivo federal, sino incluso de instancias como el Poder Judicial, donde un ministro gana 400 mil pesos mensuales.