sí calificó Mauricio Rodríguez Aguilera, abogado y especialista en temas laborales, la red de complicidades que agobia a la mayor parte de los trabajadores del país (La Jornada, 11/8/09). Esta definición se confirma en la medida que se conocen datos precisos sobre la realidad del modelo laboral mexicano. El resultado es caótico; de cada cien trabajadores, sólo uno es miembro de un sindicato legítimo. Nuestro país ostenta con vergüenza el sistema gremial y de contratación colectiva más atrasado y corrupto del mundo, producto de una sofisticada complicidad entre líderes, empresarios, abogados, gobiernos y autoridades laborales, que han construido un régimen de perversión que coloca a los hombres y mujeres que viven de su trabajo en estado de indefensión, lesionando, a su vez, al sector productivo, especialmente de la pequeña y mediana empresa.
En días pasados fue presentado el texto Evaluación de la contratación colectiva en el Distrito Federal, coordinado por José Alfonso Bouzas Ortiz, investigación apoyada en información extraída de los archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, publicado por la UNAM y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Los resultados obtenidos exhiben el submundo que viven los trabajadores de esta ciudad, impedidos de organizarse sindicalmente, obligados a renunciar a derechos fundamentales sujetos a las acciones de crecientes bandas de golpeadores, y atrapados en el llamado contratismo de protección patronal. Mediante estas prácticas, los patrones y sus abogados deciden la organización sindical que debe operar en un centro de trabajo, escogiendo para ello a los líderes que cumplen con sus expectativas de control. Estos siniestros personajes operan como clientes de los despachos patronales y suelen compartir con ellos las gratificaciones que reciben, generándose un circuito de complicidad-corrupción difícil de eliminar. Por esta razón, cuando los trabajadores pretenden cambiar de sindicato deben superar una amplia gama de intereses creados. El resultado final es que se cancela toda posibilidad de defensa y representación legítima. Estas prácticas imposibilitan cualquier esquema de modernización laboral, de concertación legítima y de respeto al estado de derecho, ya que para mantenerlo se requiere de organismos de presión y violencia contra los trabajadores sin los cuales este se derrumba fácilmente.
Uno de los aspectos de ese estudio exhibe la deprimente condición de los trabajadores de la construcción, espacio privilegiado para la extorsión, cuya expresión más conocida es la venta de placas a todo aquel que pretenda realizar una obra, por pequeña que sea, aun cuando la lleve a cabo por sí mismo. En este ramo operan 67 sindicatos, que dicen pertenecer a las centrales CTM, CROC y CROM, aunque se sabe que en su mayoría actúan por su cuenta, sin participar orgánicamente en las organizaciones cuyas siglas usufructúan. El hecho es que no se conoce un solo sindicato auténtico en esta rama; se trata de vulgares delincuentes. Este escenario es extensivo al resto de las actividades productivas y de servicios de la ciudad. Basta ver las condiciones de los trabajadores de limpieza, comercios, restaurantes, hoteles, etcétera.
Nadie se hace responsable del denominado mugrero sindical. Los empresarios y el ciudadano común culpan a los líderes sindicales en abstracto, incrementando el desprestigio de esta forma organizativa; estos individuos ni ven ni escuchan y tratan de pasar inadvertidos, sobre todo ante sus mismos afiliados; las autoridades nadan de a muertito, como si se tratase de un asunto ajeno, señalando que corresponde a los trabajadores su propia defensa, e irónicamente afirman que para eso tienen su sindicato
. El hecho es que el monstruo de la degradación crece, haciendo cada vez más sofisticadas y diversificadas sus prácticas delictivas.
El dilema es continuar con este modelo laboral hasta que el destino nos alcance o avanzar a partir de un diagnóstico multidisciplinario con una nueva visión y una agenda mínima de transformaciones. A escala local, se pueden implementar medidas sin necesidad de una reforma legal, por ejemplo, dar vida a la inspección del trabajo, actualmente inexistente a decir del propio secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de esta ciudad; combatir la delincuencia organizada que extorsiona empresas y trabajadores tanto en los centros laborales como en el ámbito de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; favorecer esquemas de concertación por rama de industria para mejorar la seguridad e higiene y otras medidas de protección en las áreas más vulnerables; promover la mejora salarial y los procesos de formación técnica y profesional; reformar el sistema de justicia hoy en día lento, costoso e ineficaz; y en general, recuperar el tema laboral dentro de la agenda fundamental de la ciudad. Para ser congruentes, los trabajadores al servicio del gobierno de esta ciudad deben ser incluidos en esta protección.
La información derivada del estudio nos demuestra que es necesaria una cirugía mayor en el campo de los derechos humanos laborales en nuestra ciudad. Los datos duros que exhibe no dejan lugar a dudas. Los trabajadores se ahogan en una realidad que es necesario transparentar para recuperar condiciones mínimas de dignidad en su actividad laboral y un elemental respeto al estado de derecho.
