El presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), Arturo Farela Gutiérrez, reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó dos veces atraer el caso de las irregularidades observadas en el proceso judicial de los sentenciados por la masacre de Acteal, y fue hasta que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) emprendió la defensa de los paramilitares cuando decidió atenderlo.

Aseveró que el abogado del CIDE Hugo Éric Flores Cervantes –quien ha declarado que su primer contacto con el caso Acteal fue en 2000– se acercó a la Confraternice en los primeros meses de 1999, como asesor del entonces presidente Ernesto Zedillo, para interceder en los hechos suscitados el 22 de diciembre de 1997.

En entrevista con Lenica Ávila en Radio Educación, efectuada el pasado 24 de agosto, Farela Gutiérrez recordó que su agrupación asumió en enero de 1999 la defensa de los detenidos por la matanza de 45 indígenas –en su mayoría mujeres y niños– en Acteal, la cual le fue revocada en 2003.

El argumento del CIDE de que en el proceso judicial contra los sentenciados por la matanza existieron irregularidades, al que la SCJN dio entrada para otorgar un amparo con el cual 20 detenidos obtuvieron su libertad –y otra treintena espera una resolución similar–, ya había sido presentado por la Confraternice y en su momento el máximo tribunal lo rechazó.

El abogado de la agrupación religiosa recordó que desde 1999 se denunciaron las violaciones y fueron materia de defensa. Incluso, me permito decirlo, el asunto ha llegado a la Corte tres veces. La primera fue a petición de la doctora Mariclaire Acosta, y eso fue inmediatamente, el 16 de enero de 1998. Fue el expediente número uno. Un mes después rechazaron su petición de que se ejecutara la facultad de atracción.

Agregó que al asumir la defensa de los inculpados, la Confraternice también acudió ante la Corte con los mismos argumentos en que varios años después el CIDE basó su defensa; sin embargo, la SCJN no tomó el caso. Son exactamente las mismas causas, claro que ahora sabemos que hay tres o cuatro ministros distintos que en 1997 y 1998 (...) Si estamos desde el principio acudiendo (ante ese órgano judicial) con el fundamento legal de las violaciones al procedimiento que están acreditadas, ¿por qué ahora sí llegó con facilidad a la Corte?

Farela Gutiérrez sostuvo que Flores Cervantes –ex integrante del CIDE, quien en entrevista con Carmen Aristegui el pasado 17 de agosto afirmó que su interés en el caso surgió en 2000, tras una visita a Acteal– se acercó a la Confraternice en 1999 para preguntar respecto del caso Acteal.

Estaba enterado de que nuestro despacho llevaba la defensa. Le explicamos una serie de violaciones al procedimiento y nos pidió que le hiciéramos una especie de síntesis para que se la llevara a Ernesto Zedillo y a (su secretario particular) Liébano Sáenz. En ese entonces Hugo Éric era su asesor. Desde luego que de inmediato accedimos a entregarle tres o cuatro carpetas en las cuales venían enlistadas, detalladas, las violaciones al procedimiento.

Indicó que cuando preguntó a Flores Cervantes si había entregado la información al presidente, éste respondió que sí, pero que Zedillo prefirió ya no tocar el asunto porque estaba a punto de entregar la Presidencia.

Años después, en 2003, la Confraternice fue removida de la defensa legal de los paramilitares, la cual asumió la Iglesia presbiteriana. Posteriormente, en 2007, entró el CIDE.

En tanto, el pasado 17 de agosto, en entrevista con Aristegui, Flores Cervantes rechazó que el CIDE haya asumido la defensa de los sentenciados por los hechos de Acteal por razones políticas. Refirió que se involucró en el caso durante una vista a la ermita del lugar.

Un pastor evangélico, Manuel Arias, me comentó que estaban presas personas inocentes. En 2000 visité la iglesia católica de Acteal y me percaté de que no hay ningún impacto de bala en la misma. Pregunté si habían cambiado las tablas de madera y me dijeron que no; de ahí me surgió el interés por investigar y documentar con pruebas periciales si había sucedido lo que dicen que sucedió. Luego entramos a la defensa de las personas.

Señaló que cuando fue investigador del CIDE elaboró un escrito para situar jurídicamente el asunto. No hay otra pretensión. Negó cualquier relación anterior a esa fecha con el caso, aún siendo asesor de Zedillo. Estuve trabajando en la coordinación de asesores del ex presidente durante su último año, pero no hubo ninguna relación con el caso Acteal. Niego categóricamente que yo haya recibido alguna instrucción. Sería contradictoria, pues estoy acusando que hubo una investigación mal hecha por la PGR desde 97 hasta los días actuales.

El abogado negó haber asumido la defensa de los paramilitares por acuerdo de Felipe Calderón y Encuentro Social, cuando el panista estaba en campaña por la Presidencia. Ante las imputaciones de que se firmó un acuerdo de parte de Encuentro Social, nosotros estamos buscando ayudar a esa gente. Somos los primeros en pedir que se reabra el expediente y se castigue a los responsables, así sean autoridades municipales, estatales o federales.