Diputados del PRI y del PRD se manifestaron en favor de que se hagan públicos los nombres de los empleados que en el Poder Judicial rebasan el tope impuesto a las percepciones de los funcionarios, los cuales, de ninguna forma, pueden superar las del Presidente de la República.

Humberto Zazueta, Samuel Aguilar y Silvano Garay coincidieron en señalar la urgencia de que se efectúe una reforma constitucional que derogue el artículo tercero transitorio de la Carta Magna, el cual garantiza la impunidad salarial de los funcionarios del Poder Judicial.

En concordancia con los legisladores, la organización no gubernamental Transparencia Mexicana considera que los salarios de todos los servidores públicos se deben sujetar al principio de anualidad que establece el artículo 75 de la Constitución. Con la modificación actual se pretende crear servidores públicos de primera y de segunda, violando así las garantías de igualdad y no discriminación frente a la ley.

Y es que el artículo tercero transitorio de la reforma pretende proteger garantías adquiridas inexistentes. Con el cambio se pretende que ningún servidor público tenga derecho a conservar su nivel salarial, salvo por el año para el cual fue fijado en el Presupuesto de Egresos.

Si no tuviera vigencia el transitorio mencionado, señala el abogado Gabriel Reyes Orona, los salarios de los altos funcionarios del Poder Judicial se deberían haber ajustado a la baja, como debe hacerse con todos los servidores públicos.

La reforma a modo erigió no sólo prebendas y privilegios en favor de unos cuantos, que son los que hoy rebasan el sueldo de Calderón Hinojosa, sino que establece discriminación en el Poder Judicial para quienes no los tienen, impidiendo que magistrados y jueces alcancen alguna vez la posición de quienes hoy detentan las percepciones públicas más altas. Inclusive, algunas personas que no tienen actualmente ese salario, porque serán nombrados en noviembre de este año, ya tienen asegurado un nivel más allá de los que se considera republicano.

Por su parte, Humberto Zazueta, legislador del PRD, insistió en que por transparencia deben hacerse públicos los nombres de las personas que en el Poder Judicial hoy rebasan el límite republicano y cuál es el monto por el que se supera dicho tope.

Esas personas están impedidas para deliberar o votar en procedimientos de inconstitucionalidad por falta de equidad y discriminación que se promueve contra todo aquel que sea servidor público. Estamos seguros de que son sólo unos cuantos, pero la reforma supuestamente pretende establecer protección a un género llamado hoy servidor público judicial. Los de primera son los que superan el límite, los de segunda los que tienen que reducirlo y los de tercera son aquellos a quienes no se da el mismo trato que a los ministros hoy de primera.

El priísta Samuel Aguilar consideró esencial llevar el tema ante organismos e instancias internacionales, de normas discriminatorias y creadoras de privilegios en perjuicio de otras que se encuentran en el mismo supuesto. Resulta innegable señalar que el mismo derecho a conservar el salario que rebasa el tope asiste a quien hoy lo tenga en el Ejecutivo o en organismos autónomos, que quien como ellos es servidor público en el Poder Judicial. El principio de anualidad de remuneraciones debe aplicarse de manera equitativa y no discriminatoria, expresó.

Para Silvano Garay, del Partido del Trabajo, si los integrantes del Poder Judicial no tuvieran conflicto de interés en ese asunto, seguramente la reforma sería declarada inconstitucional por inequitativa y discriminatoria. La oposición debería enmendar proponiendo la inmediata derogación del artículo tercero transitorio, destacó.