n estos días en los que se dice que la crisis cede o que la crisis crece –y uno piensa que lo segundo es lo cierto– se plantean como soluciones, entre otras, la disminución de los presupuestos universitarios. No parece la mejor noticia, porque olvida que muchas de nuestras pobrezas son la consecuencia necesaria de la falta de formación de nuestra gente, disminuida por lamentables retrocesos en la educación primaria y hoy amenazada por el cierre de las puertas de las universidades públicas a quienes no tienen capacidad para cubrir los costos muy elevados de las instituciones privadas.

Corresponderá a la Cámara de Diputados la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución, y no deja de preocupar que sus problemas mayores sean de otra índole y, ante la falta de recursos del Estado, en lugar de crear nuevos impuestos prefiera disminuir el gasto en educación.

Ya el doctor José Narro Robles, rector de la UNAM, ha puesto de manifiesto la absoluta necesidad de, por lo menos, mantener el presupuesto vigente. La alternativa, de no hacerlo así, será el incremento desmedido de los desocupados en nuestro país y, dado su nivel, no es difícil que se provoquen conflictos que por ser universitarios –o preuniversitarios, para ser más preciso– generen ejemplos que podrán seguir, con justa razón, quienes hoy son parte importante de los desocupados.

Los datos que nos dan a conocer, a veces el Inegi de por medio, acerca del aumento del nivel de pobreza son no sólo preocupantes sino angustiosos. No es casual que coincidan con el aumento de la delincuencia, lo que a su vez genera un mayor gasto para las fuerzas armadas y las policías e inhibe a las inversiones mexicanas o extranjeras en nuestro país.

Recordemos el intento de aumentar las miserables cuotas que se pagan a la UNAM, lo que condujo a la lamentable renuncia del rector Francisco Barnés de Castro con motivo de la huelga de extrema duración realizada por los estudiantes. En mi concepto, sin razón alguna, ya que el aumento propuesto estaba totalmente al alcance del presupuesto familiar. Pero las posibilidades de expresar violentamente una inconformidad no fueron desaprovechadas.

Lo negativo de aquella huelga, que causó daños extraordinarios a la UNAM, fundamentalmente por no poder aumentar su presupuesto con cargo a las cuotas, se compensó con el nombramiento como rector del doctor Juan Ramón de la Fuente, quien durante su actuación terminó con la huelga y logró mejorar el nivel de la Universidad Nacional, demostrando cualidades políticas notables, congruentes con su previa actuación como secretario de Salud.

En la UNAM la falta de recursos se compensa con la aceptación tácita de su personal académico de recibir remuneraciones económicas que están muy lejos de generar plena satisfacción. La oportunidad de formar parte del profesorado o del cuadro de investigadores de la universidad constituye un premio que compensa de sobra la falta de valoración adecuada en términos económicos de los académicos. Lo digo con pleno conocimiento personal de ese hecho indiscutible.

No puede dejar de mencionarse que las organizaciones sindicales, particularmente el STUNAM, han hecho honor a sus responsabilidades al mantener sus contratos colectivos en niveles compatibles con la condición económica de la UNAM. La noche del martes pasado escuhé precisamente al doctor De la Fuente afirmarlo categóricamente en una entrevista por televisión. Y yo diría, aunque no venga al caso, que en esa entrevista el doctor De la Fuente puso de manifiesto cualidades que habrá que tomar en cuenta cuando, en el momento político oportuno, se tenga que decidir, en primer lugar, sobre las candidaturas a la Presidencia de la República y, enseguida, por la elección.

Aunque el doctor De la Fuente no ha dado señales, por ahora, de su intención de participar en una candidatura, no dudo que puede ser el hombre adecuado. Ya los partidos políticos tendrán que considerar esa posibilidad.

Volviendo al tema principal, la Cámara de Diputados tendrá que hacer un esfuerzo político por resolver el problema de los subsidios a las universidades. No me refiero sólo a la UNAM, por supuesto. Quizá la solución, siempre lamentable desde cualquier punto de vista, tenga que consistir en el incremento fiscal. A esa conclusión se podría llegar jugando a una especie de compensación que evitaría los males en contra de la seguridad y la pobreza que se plantean más arriba.