El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que sólo los jueces podrán determinar la prescripción del pago por 22 millones de pesos que fijó la procuraduría al empresario Carlos Ahumada en el caso de fraude genérico por obras que la empresa Grupo Quart cobró a la delegación Gustavo A. Madero sin haberlas realizado durante la gestión del entonces jefe delegacional, Octavio Flores Millán.

Respecto de este caso la PGJDF se mantiene pendiente, con el Ministerio Público adscrito al Reclusorio Norte, de lo que determine el juez 12 de lo penal, indicó.

El funcionario aclaró que fue el Tribunal Superior de Justicia el que hizo la notificación y obviamente es el juez el que tiene que determinar qué es lo que sigue, apuntó al ser entrevistado al término de la entrega de 512 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, en la esquina de 20 de Noviembre y Plaza de la Constitución.

En otro tema, señaló que el índice de delitos, como el robo de vehículos y el asalto en el Metro, van a la baja; sin embargo, han ido al alza delitos considerados de bajo impacto, en este caso los patrimoniales. Particularmente se ha presentado una alza en denuncias que tienen que ver con abuso de confianza, fraude y robo a repartidor.

La procuraduría trabaja con mucho énfasis lo que tiene que ver con el delito de homicidio; “todavía el día de ayer capturamos a una persona que había ejecutado de manera muy violenta a una mujer y que al ser detenido confesó que había sido por encargo. A este señor lo vamos a investigar. Pareciera ser que está relacionado con otros tres homicidios”, indicó.