Washington, 31 de agosto. El presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, llegó hoy a esta capital en medio de expectativas sobre la posibilidad de que Estados Unidos declare oficialmente que su detención y expulsión del país la madrugada del 28 de junio pasado constituye no sólo un golpe de Estado, sino un golpe de Estado militar.

El gobierno del presidente Barack Obama se sumó a la condena internacional por el rompimiento del orden constitucional hondureño, pero el Departamento de Estado ha postergado la decisión de calificar al gobierno de facto de Roberto Micheletti como el resultado de una acción castrense, lo que de acuerdo con la sección 7008 de la Ley de Operaciones en el Extranjero facultaría a todas las agencias gubernamentales estadunidenses a suspender toda colaboración con el país sancionado.

Una fuente del Departamento de Estado que habló a condición de mantener el anonimato informó que el principal factor del retraso en la decisión es que se trata de un proceso interagencias en el cual todos deben sentirse cómodos.

El informante dijo que la decisión podría darse a conocer en uno o dos días y confirmó que los asesores legales del Departamento de Estado han estado ocupados en el tema.

Horas después del golpe, Obama se concretó a declarar que lo sucedido en Tegucigalpa era ilegal, y luego la secretaria de Estado, Hillary Clinton, participó en reuniones con cancilleres de la región para determinar el rumbo de las acciones diplomática que servirían para propiciar el retorno de Zelaya.

En consecuencia, el gobierno estadunidense suspendió ayudas directas al gobierno golpista y al ejército hondureño.

La presión política que han ejercido algunos gobiernos latinoamericanos –Venezuela, Argentina y Bolivia, entre otros– parece haber ayudado a que Estados Unidos decidiera suspender visas para los principales miembros de la administración golpista y anunciar que sometería a revisión todos sus programas con el país centroamericano.

La semana pasada fue detenida la emisión de visas no urgentes en la legación de Washington en Tegucigalpa, pero quedaron pendientes otras medidas señaladas por los gobiernos críticos, como es la congelación de bienes de los golpistas en Estados Unidos.

Al anunciar las primeras medidas la Casa Blanca informó que sólo continuaría la entrega de ayuda humanitaria a Honduras dentro de la llamada Cuenta Reto del Milenio, plan quinquenal firmado en 2005 en el que Washington se comprometió a entregar 215 millones de dólares para apoyar el desarrollo rural y el de transporte, y de los cuales se han suministrado 80 millones de dólares.

En otros casos de golpe de Estado militar, Washington ha tomado medidas diversas. El 23 de diciembre pasado, tras condenar la asonada en Guinea suspendió toda la ayuda a ese país africano, excepto por lo que toca a los programas de apoyo al proceso democrático; la asistencia restante quedó congelada hasta que haya elecciones transparentes y libres, según información del Departamento de Estado en su sitio de Internet.

Medidas similares adoptó el gobierno estadunidense en el caso de Madagascar, el pasado marzo, después de declarar la remoción del presidente Marc Ravalomanana equivalente a un golpe de Estado.

En cuanto al golpe de Estado en Haití, en septiembre de 1991, Estados Unidos apoyó medidas adoptadas por la comunidad internacional tendientes al restablecimiento del orden constitucional y en 1994 apoyó una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para utilizar todos los medios necesarios para facilitar el retorno de Jean Bertrand Aristide, lo que propició la salida del general golpista Raoul Cedras y el ingreso de las fuerzas del organismo.

El diplomático hondureño Carlos Sosa, representante del gobierno constitucional ante la Organización de Estados Americanos, explicó que en el momento en que el Departamento de Estado califique los hechos del 28 de junio de golpe de Estado militar se disparará automáticamente una serie de medidas que incluyen represalias a los golpistas, como la congelación de bienes, lo que les afectaría directamente porque esos señores tienen plata en el extranjero y residencias en Miami.

Tras su llegada a Washington, Zelaya apremió a todos los países de América a realizar acciones similares a las de Estados Unidos y manifestó su expectativa de que los países latinoamericanos mantengan la presión.

Fuentes diplomáticas informaron que Zelaya tiene previsto pedir a la OEA que ratifique su rechazo al reconocimiento de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. Las campañas arrancaron el fin de semana con la difusión de anuncios proselitistas del candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos. Este lunes, el aspirante del Partido Nacional, Porfirio Lobo –quien perdió los comicios hace cuatro años frente a Zelaya– comenzó su campaña en el departamento de La Paz, en la región occidental del país, donde continúan las movilizaciones de la resistencia.