oy es el día establecido constitucionalmente para que el titular del Ejecutivo federal presente un informe anual, y es un signo positivo suprimir la otrora parafernalia del besamanos y culto al Presidente y hacer entrega del mismo por escrito. Sin embargo, en su lugar se realiza una ceremonia política en la que el ocupante de Los Pinos, al día siguiente, hará una disertación en casa y sin cuestionamiento alguno. Más allá de las vías alternas para obtener el autoelogio por otros medios, lo que importa es constatar que tras la primera mitad del sexenio el país se encuentra sumido en una grave crisis en todos los órdenes, sobre la cual se tiende a señalar que se origina en el impacto de la que tiene lugar a nivel mundial.

Prácticamente no encontramos un sector donde las cuentas resulten claras y con saldo positivo; el promocional del presidente del empleo se convirtió en su contrario; el combate a la delincuencia organizada se tradujo en la presencia desmesurada del ejército en las calles, cubriendo funciones civiles sin que en el país se haya decretado formalmente el estado de excepción. El botón de muestra dramático se encuentra en Ciudad Juárez, donde día con día la ciudadanía se enfrenta a escenarios propios de las dictaduras sudamericanas de las décadas pasadas. Militares en funciones migratorias, de tránsito, revisando a discreción a personas y vehículos, en tanto las cifras rojas hablan de crímenes que se cubren de impunidad y sobre los que no se informa ni, por supuesto, se sanciona. Mientras, la ciudadanía carece de información confiable sobre los resultados de una guerra sin conocer, por lo menos, el quién contra quién. Ni siquiera se puede acudir al infantil esquema de los buenos y los malos.

Por otra parte, la cadena de efectos del desempleo se complementa con el incremento en el precio de productos básicos y de los servicios indispensables como el transporte y la energía eléctrica. La proporción de gasto en esos rubros con relación al ingreso, si se tiene, es motivo constante de preocupación entre los sectores mayoritarios que no ven las oportunidades. El contraste con los ofensivos ingresos en los tres poderes salta a la vista aún con la ley de salarios máximos.

Y para seguir con los botones de muestra en el rubro de pago de facturas, acerquemos el lente al campo educativo, uno de cuyos escándalos más recientes es la manipulación de la historia en los nuevos libros de texto, entre otras materias, por la nada experta línea de mando en la Secretaría de Educación. Las buenas relaciones de sus titulares con la líder vitalicia tienen un altísimo costo en la calidad de la educación.

En cuanto a los pueblos indígenas, sobre el marcado desatino de la actual política dan cuenta estudios que no pueden calificarse de zapatistas y sí de mantener una conceptualización discriminatoria pese a la cual nos encontramos con un retrato del calderonismo.

Al respecto, el Centro de Estudios Espinoza Yglesias, en su Evaluación del desempeño del Poder Ejecutivo (2 de julio de 2009) dentro del rubro de Grupos Vulnerables (sic) y Discriminación, incluyó a pueblos y comunidades indígenas afirmando: Existe un déficit de propuestas tanto en la campaña como en el Plan Nacional de Desarrollo. Notamos deficiencias en las acciones y resultados nulos en este subtema. El desempeño del Ejecutivo hasta el momento es difícil de evaluar, ya que no existen indicadores directos que nos permitan evaluar (sic) el desempeño de la política social orientada a este grupo de población, pero se pueden tomar como referencia indicadores indirectos para hacer el análisis de los resultados. La política dirigida a pueblos y comunidades indígenas en la presente administración refleja un retroceso. Desaparece en el discurso la preocupación por el rezago social de este grupo de la sociedad. Existe marginación tanto en el discurso como en los hechos.

Y conste que no es una evaluación sobre el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, sobre las concesiones que amenazan a los territorios de los pueblos indígenas, sobre el acoso a la policía comunitaria en Guerrero, la impunidad en crímenes a líderes indígenas en esa entidad ni sobre los muy negativos saldos de ignorar la Ley para el Diálogo , la conciliación y la Paz Digna en Chiapas, menos aún sobre los paramilitares en Chiapas que ahora si existen porque ya lo dijeron en documentos desclasificados del Pentágono en los Estados Unidos. Tampoco se tiene en el horizonte el impacto de la más reciente decisión de la Corte. Preguntamos entonces al Presidente fallido: ¿nunca más un Acteal? ¿Porqué habría que creerle?

A toda esta cadena de saldos ahora se agrega el debate sobre el estallido social inminente. ¿Qué tal si en lugar de asustar con el petate del muerto cual premonición bicentenaria la clase política se empeña en detener los efectos de la crisis en las grandes mayorías marginadas en este país?