El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer el protocolo de investigación sobre los hechos ocurridos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el cual busca esclarecer el grado de incidencia de las conductas activas y omisivas de las autoridades en el siniestro ocurrido el 5 de junio pasado, y la posible existencia de actos de negligencia posteriores al suceso.

Además, los magistrados que integran la comisión investigadora, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, determinarán la constitucionalidad del esquema de subrogación de las guarderías del IMSS y si éstas (mil 562 que atienden a 228 mil 503 menores) cumplen con los requerimientos fijados por la ley. Asimismo, revisarán el estado físico y material en que se encuentran todos estos establecimientos en el país.

Al aprobar el protocolo de la indagatoria, los magistrados comisionados cuentan con seis meses para rendir su informe ante el pleno, a partir de este martes 1º de septiembre.

Los comisionados señalaron que como parte de su encomienda se percibe la necesidad de investigar el desempeño global del sistema de guarderías públicas que funcionan con el esquema de subrogación a particulares, con el propósito de evitar o por lo menos minimizar la posibilidad de que ocurra otro accidente similar.

Al respecto, se analizará la normatividad en la materia y el cumplimiento del Estado mexicano de los acuerdos internacionales suscritos sobre seguridad social y protección a los infantes.

Para verificar el estado de todas las guarderías del IMSS, la comisión solicitará el apoyo de un experto en matemáticas y estadística para que elabore una muestra nacional aleatoria de los establecimientos.

También solicitará el apoyo de los jueces de distrito con residencia en las entidades en que se encuentren las guarderías señaladas en el dictamen matemático, para que personalmente inspeccionen el inmueble seleccionado y den cuenta del estado físico de los inmuebles, los contiguos y los aledaños, las visitas realizadas por las autoridades y su seguimiento.

Subrayaron que tendrán siempre la mayor consideración hacia los padres de familia afectados por la tragedia, a efecto de lograr el mayor grado posible de satisfacción social con la decisión de la SCJN de investigar los hechos.