Santiago, 1º de septiembre. El juez chileno Víctor Montiglio ordenó hoy la detención de al menos 129 ex militares y policías acusados por diversos casos de violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.

Los ex agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) –la temida policía política– serán imputados por los casos de las operaciones Colombo y Cóndor y en el llamado episodio de Calle Conferencia, por los que murieron decenas de opositores a la dictadura, entre ellos la dirección clandestina del Partido Comunista en esta última acción represiva, en 1976.

El juez dictó para ello 59 resoluciones de encausamiento, lo que representa el mayor procesamiento masivo de toda la historia de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante el pinochetismo. Más de la mitad de los procesados son nuevos encausados, es decir, ex agentes que nunca antes habían enfrentado a la justicia.

Estos procesamientos deben terminar en penas de cárcel, si no sería una parodia de justicia, señaló la vocera de la Agrupación de Familiares de detenidos Desaparecidos, Mireya García.

La resolución del juez Montiglio surge en medio del escándalo por la contratación de ex represores dentro del ejército. El ministro de Defensa, Francisco Vidal, reconoció que son 13 los uniformados en retiro con causas pendientes por violaciones de los derechos humanos que laboran dentro de la institución.

De estos 13, explicó, seis tienen contrato mientras que al resto se le paga por honorarios, aunque evitó señalar cuántos de esos 13 están ligados a casos de crímenes en la dictadura de Augusto Pinochet.

Hay uno más que labora para la armada, el coronel en retiro Pedro Teyssere que trabajaba en el puerto norteño de Iquique y que está condenado en primera instancia por la desaparición de un dirigente obrero y por eso, dijo, será desvinculado de la institución.

Respecto del caso de un ex oficial de la armada inculpado por el asesinato del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, mencionó que éste no está contratado por esa rama castrense, sino por una empresa privada que presta servicios a la institución naval.

El ministro añadió que en la fuerza aérea no hay ninguna persona involucrada en alguno de estos delitos que se mantenga con tales relaciones contractuales y que espera que Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) le entreguen un informe respecto de lo mismo.

Requerido por eventuales medidas, señaló que este tema que ha causado tanta opinión hay que analizarlo en frío, hay 13 personas que están procesadas y no condenadas. El ministro de Defensa no se puede transformar en juez. Estamos hablando de 13 personas y ya se verá con toda la información, la decisión que se tome el sobre ellos, pero el gobierno tiene contratados a 41 mil 500 personas, afirmó.