El sindicato minero ganó en definitiva este martes un litigio a la fiscalía antilavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR), al obtener de un tribunal federal un amparo que ordena descongelar en un plazo de 24 horas unas seis cuentas bancarias del gremio con inversiones millonarias.

Por unanimidad, tres magistrados del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito revocaron una resolución de una juez de distrito de la ciudad de México, quien en mayo pasado había sobreseído (desechado) en primera instancia este juicio de amparo al considerar que el sindicato minero no tenía interés jurídico para impugnar resoluciones emitidas por el Ministerio Público Federal.

De acuerdo con fuentes judiciales, los magistrados determinaron que el sindicato sí tiene interés jurídico para recurrir a la demanda de garantías, lo cual motivó que los juzgadores entraran al fondo del análisis de la petición de amparo y optaran por dar la razón a los abogados del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, quienes demostraron que la PGR aseguró diversas cuentas con base en suposiciones de la existencia de un delito, pero no en indicios probados.

Se trata de cuentas abiertas en Banamex y Bancomer, entre otras instituciones bancarias, que albergan inversiones cercanas a 25 millones de pesos.

En mayo pasado, los abogados de la parte sindical informaron que el sobreseimiento de este juicio en primera instancia obedecía a un argumento insostenible de la juez, quien para acreditar el interés jurídico exigió a los quejosos presentar copia certificada de los contratos de apertura de cuentas, que son tan antiguos que los bancos ya no cuentan con esa información.

El séptimo tribunal colegiado revirtió la resolución del juzgado quinto de distrito en materia de amparo, basándose en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: cuando se ha reconocido como titular de una cuenta bancaria a cualquier persona, no es necesario acreditarla mediante contratos.

Esto sucedió en el caso del sindicato minero, ya que la PGR reconoció –al aportar sus argumentos jurídicos en el juicio de amparo– que efectivamente las cuentas aseguradas pertenecían al gremio minero.

A finales de noviembre, la unidad especializada en el combate a delitos relacionados con operaciones de procedencia ilícita de la PGR ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el congelamiento precautorio de las cuentas sindicales, mientras se desahoga y resuelve una averiguación previa abierta ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a raíz de varias denuncias interpuestas por mineros contrarios al líder Napoleón Gómez Urrutia, quienes acusaron que existían movimientos bancarios irregulares de entre 1.5 y 3 millones de pesos mensuales.

En diciembre pasado, a través de un comunicado, la agrupación sindical señaló que la medida adoptada por la PGR afecta los fondos del comité ejecutivo nacional, así como de las secciones y fracciones del interior de la República, y tiene como finalidad asfixiar económicamente su lucha, pues bloquea la solidaridad económica que se enviaba a trabajadores en huelga.

La indagatoria contra Gómez Urrutia, abierta en la unidad antilavado de dinero de la PGR, todavía continúa, por lo que no se descarta que el Ministerio Público Federal ordene un nuevo aseguramiento precautorio de algunas cuentas bancarias del sindicato.