l cierre de la convocatoria emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) fueron registradas 24 personas para contender por la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Es alentador que exista un amplio abanico de posibilidades para determinar quién dirigirá esa comisión en el próximo periodo, siempre y cuando el proceso sea honesto y transparente, y en consecuencia no existan candidatos de consigna y la ALDF delibere no en función de los intereses de grupúsculos, corrientes y autoridades, sino en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.

Entre los aspirantes se encuentra Enrique González Ruiz, quien tiene una trayectoria destacada en la lucha social y en el ámbito académico. En el inicio de la década de los 80, siendo rector de la Universidad de Guerrero, jugó un papel importante en la solidaridad de las autoridades universitarias de educación superior con los procesos de lucha y resistencia de Nicaragua y El Salvador. Recuerdo que en 1980 nos tomamos la embajada salvadoreña en protesta por el asesinato del rector mártir de la Universidad de El Salvador: Félix Ulloa.

Al lado de Rosario Ibarra de Piedra, Enrique fue fundador del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) e impulsor del Frente Nacional de Abogados Democráticos; igualmente, en la región mixteca colaboró en la creación del Movimiento de Unificación y Lucha (MULT) en la misma década. Actualmente asesora a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de la Represión en México (AFADEM) y defiende a los familiares de las víctimas de la matanza de El Charco y de la represión en Atenco.

Después de una búsqueda afanosa por parte de los organizadores, aceptó fungir como fiscal en el juicio que organizó el Tribunal Internacional Benito Juárez en 2004 para juzgar los crímenes cometidos por el gobierno de Estados Unidos en contra del pueblo y del gobierno de Cuba, llevando personalmente la acusación a la embajada estadunidense en México.

Su activa participación política y social lo llevó a formar parte de la Comisión de Mediación entre el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR) y el gobierno federal para el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

González Ruiz también se ha destacado en la academia y la docencia. Me toco ser su lector y sinodal para la obtención del doctorado en ciencias políticas, y ahora es candidato a doctor en derecho constitucional y administrativo en la UNAM. El 18 de agosto presentó una obra colectiva importante que coordinó: Balance de los derechos humanos en el sexenio del cambio, y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México su trabajo ha sido intenso como organizador de actividades de docencia y extensión relacionadas con los derechos humanos.

Asimismo, coordinó la elaboración del plan de estudios de la carrera de derecho que se imparte en el Programa de Educación en Centros de Readaptación Social de la Universidad de la Ciudad de México, así como de la maestría en defensa y promoción de los derechos humanos y de la propuesta de doctorado en derechos humanos que actualmente analiza el consejo universitario de la misma institución.

En la conferencia de prensa del 12 de agosto González Ruiz afirmó que en caso de ganar la titularidad de la CDHDF, su labor al frente de este organismo estará basada en tres principios fundamentales: a) la plena autonomía del organismo; b) un trabajo informado, responsable de los estudios de caso y la aplicación sensible de la ley, y c) la entrega y dedicación al cargo.

Sin desconocer los esfuerzos del todavía presidente de la comisión, y de los anteriores titulares, es claro que el trabajo realizado por la CDHDF hasta la fecha se ha cargado por los derechos individuales, con menosprecio de los colectivos. No se ha insistido lo suficiente en el reconocimiento y la materialización de los derechos de los pueblos indígenas en el Distrito Federal y se ha trabajado más con los grupos de la sociedad civil que con los movimientos sociales.

El modelo económico y político impuesto ha profundizado la violación de todos los derechos en perjuicio de los más pobres, en particular los derechos económicos, social-culturales y colectivos de los pueblos indígenas, no obstante que éstos han sido el reclamo generalizado en los distintos foros que la propia comisión ha efectuado.

Esta situación se agrava cuando se constata que no se han realizado las reformas legislativas necesarias para hacer exigibles estos derechos procesalmente, tal como dispone el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales en la materia. La importancia de estos derechos se incrementa cuando se sufren los efectos de la más grave crisis económica del capitalismo desde los años 30.

La experiencia de Enrique González en la materia, pero sobre todo su compromiso social y su congruencia política son garantías de que el cargo de defensor del pueblo sea ocupado por una persona capaz, firme en sus convicciones e independiente en la toma de las decisiones que competen a la titularidad de la CDHDF.