Pachuca, Hgo., 4 de septiembre. Representantes de los gobiernos federal, estatal y del municipio de Zimapán instalaron una mesa de diálogo para definir la suerte de la planta de confinamiento de residuos tóxicos de la comunidad de Botiña, que inicialmente abriría sus puertas la madrugada de este viernes, lo que no ocurrió.

La Secretaría de Gobernación había advertido que con autorización o no del ayuntamiento, la planta comenzaría a operar a partir de las cuatro de la madrugada de hoy; incluso, se había dicho que los primeros desechos a confinar serían lodos de la ex refinería 18 de Marzo, ubicada en Azcapotzalco, Distrito Federal.

La presidencia municipal, que desde el primero de septiembre preside el perredista José María Lozano Moreno, cabeza del movimiento opositor al vertedero, informó que un acuerdo permitió postergar la apertura y que cuando concluyan las negociaciones se determinará si comienzan a entrar los primeros camiones con desechos peligrosos.

Lozano Moreno sostuvo hoy una reunión a puerta cerrada con sus colaboradores más cercanos para definir el programa de trabajo del movimiento Todos Somos Zimapán, que no ha tenido continuidad desde hace dos años debido a los contratiempos electorales y a la presencia de la Policía Federal desde diciembre de 2008, que desde entonces ha acumulado más de 200 quejas por actos de abuso y prepotencia contra la población.

El gobernador priísta Miguel Ángel Osorio Chong dijo que esperará el resultado de estudios especializados, autorizados por alguna institución de prestigio, para determinar si es viable la planta. Si se demuestra que ésta pone en riesgo la salud de los zimapenses habrá respaldo hacia la ciudadanía que se opone a la apertura.

Criticó al movimiento Todos Somos Zimapán, que en reuniones anteriores presentó un diagnóstico elaborado por un particular, no por una institución de educación superior con reconocimiento oficial.

Con una inversión de 12 millones de dólares de la firma española Abengoa-Befesa, la planta se comenzó a edificar hace tres años luego que la administración del priísta Eusebio Aguilar Francisco concedió los permisos de construcción y operación, mediante el pago de 92 mil pesos, para poder funcionar hasta el año 2033.

Aunque el 14 de abril el consejo de administración municipal canceló los permisos, que hasta ahora no se han renovado.

El vertedero se construyó en 133 hectáreas por las que Befesa paga una renta mensual de 10 mil pesos a los campesinos del ejido de San Antonio, con lo que podrá almacenar hasta 392 mil 988 metros cúbicos de residuos peligrosos. Anualmente se recibirán 170 mil toneladas de basura tóxica.

Durante la construcción, Édgar Ramírez Hernández, biólogo encargado de la obra, dijo que en Hidalgo se generan alrededor de 390 mil toneladas anuales de desechos peligrosos, de los cuales la mitad se confinan en los vertederos de Mina, Nuevo León, y Ramos Arizpe, Coahuila. El resto va a dar a las barrancas, arroyos, ríos o traspatios de las industrias, lo que se convierte en un serio peligro de contaminación ambiental.