Agresión contra los comunitarios
un mes de celebrar su 14 aniversario, la policía comunitaria de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, una de las experiencias autonómicas más importantes del país, fue nuevamente víctima de un atropello protagonizado por el Ejército mexicano, cuyos miembros adscritos al municipio de Cruz Grande detuvieron a 12 de sus agentes, incluido el presidente del Consejo de Vigilancia de Marquelia, a quienes acusaron sin pruebas de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
La violencia en Guerrero, como la ha descrito Francisco Monroy Hernández, activista de derechos humanos del Taller de Desarrollo Comunitario, se debe a la militarización de la entidad. El Ejército, explica, está en los pueblos y en las calles de Guerrero, supuestamente en una lucha contra el narcotráfico y, también supuestamente, en la persecución de grupos guerrilleros, pero lo que está detrás de esta realidad es el interés de abrir espacios al gran capital para despojar a pueblos enteros de sus territorios con el fin de que puedan desarrollar proyectos estratégicos
. Además de que, como sucede en el resto de las comunidades indígenas, en este estado toda experiencia autónoma es criminalizada.
Este es el contexto del desmesurado operativo en el que participaron 80 miembros del Ejército para detener a los integrantes de la policía comunitaria de Marquelia. La irrupción militar, de acuerdo con información de La Jornada Guerrero, se llevó a cabo en la comunidad General Enrique Rodríguez, en respuesta a una supuesta denuncia anónima que vinculaba a los agentes comunitarios con el EPR.
El hostigamiento y persecución contra la policía comunitaria no es nuevo. Esta experiencia nacida de los pueblos mixtecos, tlapanecos y nahuas en octubre de 1995, cuenta con más de 40 órdenes de aprehensión en su contra. ¿Su delito? Detener el alto índice de criminalidad en la Montaña y la Costa Chica, implementar un programa de reducación, hacer valer sus usos y costumbres y no aceptar las ofertas gubernamentales de adscribirse a las instituciones.
Detener el vandalismo no ha sido fácil en un estado en el que las autoridades encargadas de la justicia y miembros del Ejército mexicano han sido cómplices o protagonistas de los delitos. La eficiencia de los comunitarios
, como mejor se les conoce, se debe a que pertenecen y se deben a las 72 comunidades de los diez municipios en los que tienen presencia.
La detención de 12 de sus integrantes, seis de los cuales fueron liberados en las horas siguientes y el resto bajo una fianza de 100 mil pesos, es un acto inadmisible que se suma a la cadena de arbitrariedades con las que se pretende reprimir e intimidar al movimiento social.
