uno se pregunta cuántas masacres faltan, cuántas familias exterminadas, cuántos adictos fusilados, cuántas cabezas abandonadas en hieleras, cuántos secuestros, para que los propietarios de facto del país reconozcan que en 2006 cometieron un error gravísimo al poner a Felipe Calderón en la Presidencia de la república y vayan a Los Pinos y le digan que, con la pena, pero que mejor se quite de ahí: que ya llevan tres años sin poder dormir tranquilos y que necesitan en el cargo a alguien con una mínima idea de lo que es gobernar, y lo convenzan de una solicitud de licencia indefinida y plena de compensaciones.

También podría ser que en el ánimo de los acaudalados pesaran, tanto o más que la violencia indetenible, el mercado nacional famélico, los miles de empresas quebradas, la irritación por la desmedida ineptitud en el manejo de la crisis, la incertidumbre ante las ocurrencias tardías de un gabinete que vive en la Luna mientras la economía nacional naufraga entre rebrotes inflacionarios, devaluaciones, recesión, caída de las remesas y de los precios petroleros, brotes epidémicos mal manejados y, eso sí, un boato injustificable y exasperante ya no se diga para las expectativas más básicas de justicia social y de decoro, sino hasta para las consideraciones de rentabilidad y eficiencia empresariales.

O no: puede ocurrir, en cambio, que en los cálculos de costo/beneficio de la oligarquía los contratos redondeados en cientos o miles de millones de dólares compensen las molestias por la inseguridad, la ruina del país y la marcha en dirección a estallidos sociales que, de todos modos, han sido ya estimados como parte de los gastos operativos de la concentración sin precedentes de la riqueza nacional. La maquinaria policial-militar se encuentra aceitada y curtida en ese embuste sangriento al que llaman lucha contra la delincuencia organizada; se dispone de grupos paramilitares y guardias privadas que en un momento decisivo se venderán al mejor postor –negocios son negocios–, y la población en general ha venido siendo sometida a un intenso proceso de desensibilización ante la violencia, la destrucción y la muerte: un día con menos de diez homicidios se considera apacible y ya no pasa semana sin la noticia del asesinato de una persona prominente. Pero acostumbrar a la gente a convivir con el asesinato no está tipificado en el Código Penal –así como ahondar los efectos de una recesión no aparece en la lista de responsabilidades de los servidores públicos– y, por consiguiente, los integrantes del calderonato disfrutan, entre otras prebendas astronómicas, de cobertura amplia ante riesgos jurídicos.

Independientemente de lo que esté pasando con sus mandantes reales, es posible que Calderón y sus colaboradores sueñen aún con la posibilidad de prolongar la usurpación del gobierno hasta 2012, y acaso hasta con un milagro de última hora instrumentado como chanchullo que les permita incluso perpetuarse en él. El pre ex presidente podría albergar la fantasía de designar un heredero, a la manera en que los infantes juegan a cocinar pasteles en estufas de plástico. Pero es probable que, en sus momentos de plena conciencia y de lucidez –que posiblemente los tenga–, el cruzado del empleo, la seguridad y el crecimiento económico se siente a negociar salidas impunes con un sucesor adverso. En todo caso, de los cálculos que hoy se hacen, los de este párrafo son los menos relevantes.

¿Y el resto de la gente? La gente se divide entre quienes (de seguro son la mayoría) reducen sus aspiraciones a un legítimo deseo de supervivencia frente al caos de violencia, recesión y bancarrota institucional al que ha sido llevado el país, los que se han rendido al constante ejemplo de cinismo que ofrecen los poderosos políticos, económicos y mediáticos, los que han recogido el guante de la violencia oficial y esperan su turno para lanzar el suyo, y quienes consideran necesario, y hasta imprescindible, preservar la civilidad que queda, la paz que queda y el México que aún sobrevive al ciclo Salinas-Calderón. Este último sector realiza sus cálculos en público: busca organizarse desde abajo, aprovechar todos los espacios de la legalidad para revertir la grave declinación nacional generada por los neoliberales y mafiosos que se hicieron con el poder público hace 21 años y restituir la vigencia de la Constitución, empezando por el artículo 39, según el cual la soberanía nacional reside esencial y originariamente no en los cárteles de la droga, no en las televisoras y los bancos privados, no en Washington ni en las telefónicas y petroleras españolas, no en los desayunaderos políticos de Polanco, sino en el pueblo.

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