Durante el foro Balance y retos de la reforma electoral de 2007, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, sostuvo. Hay que decirlo con claridad para que nadie se engañe, no digo que no haya intentos por presionar al Senado, que no haya propuestas pretendiendo convencer a la opinión pública y presionar públicamente para una contrarreforma, pero no hay condiciones para ello.

Señaló que lo fundamental de la reforma electoral funcionó en 2009, como la nueva relación entre partidos, medios de comunicación e IFE, así como la presencia mediática, la no compra de espacios por partidos y candidatos, el régimen de sanciones y los tiempos del Estado para las campañas.

No obstante, manifestó que debe ubicarse lo que no funcionó, porque la reforma de 2009 nos permitió, y así estaba calculado, ponerla a prueba en la dura realidad de este año electoral y hacerle las modificaciones y reformas necesarias para dar un segundo paso en los cambios, pero no para dar pasos hacia atrás.

En el foro, el ex presidente del IFE José Woldenberg refirió que el nuevo modelo de acceso a la radio y la televisión tuvo una derivación perversa: “la llamada espotización, dado que la fórmula por medio de la cual los partidos y los candidatos hicieron campaña suponía la explotación de espacios del tiempo del Estado, y lo que tuvimos fue un alud de mensajes breves que abrumó a buena parte de la audiencia”.

Y no sólo eso –abundó–: por sus propias características, esos mensajes tienden a simplificar la oferta política, a frivolizar el debate, a comprimir en una frase o un gesto lo que debe ser una propuesta “sofisticada.

El modelo requiere ajustes, manteniendo las normas que prohíben a partidos, candidatos y terceros la compra de publicidad en radio y televisión, y el tiempo oficial dedicado a las campañas debiera dividirse en una pequeña franja para espots.

De igual forma, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, propuso al Congreso que, sin modificar la Constitución, reduzca la espotización, pero no el tiempo total del espacio que administra el organismo electoral, y que eleve las sanciones para preservar el régimen de prohibiciones a la propaganda.

Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconoció que no se ha concluido el trabajo legislativo relacionado con la reforma de 2007.