Buenos Aires, 10 de septiembre. Unos 150 inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el ente de recaudación de impuestos de Argentina, realizaron un operativo de inspección en la sede del diario Clarín, en una operación que la autoridad calificó de rutinaria, pero que el medio denunció como una intimidación oficial.

La acción se dio en el contexto de la discusión del polémico proyecto de ley impulsado por el gobierno, que apunta a la descentralización de los medios audiovisuales, y permitiría la llegada al mercado de la televisión por cable de las grandes compañías telefónicas, entre ellas Telmex, Telefónica y Telecom.

El Grupo Clarín, la mayor empresa periodística argentina y uno de los principales conglomerados de medios de habla hispana, enfrenta fuertes críticas del gobierno de la presidenta Cristina Fernández. El grupo está en el centro de una pelea con el gobierno por el proyecto de ley de medios audiovisuales, que se encuentra a consideración del Congreso.

Conflicto por ley de medios

De aprobarse la norma, Clarín tendrá que deshacerse de sus canales de aire o abandonar los de cable en menos de un año, pues el proyecto de ley prohíbe al propietario de un canal de televisión de aire ser dueño al mismo tiempo de un canal de cable en la misma zona.

El gobierno argumenta que el objetivo es terminar con los monopolios informativos, pero la oposición cuestiona diversos artículos del proyecto y enmarca la iniciativa en el enfrentamiento del matrimonio Kirchner con el poderoso grupo multimediático.

El operativo fiscal en el diario de mayor circulación de América Latina fue condenado por la dirigencia opositora. “Estamos realmente sorprendidos. Este tipo de inspecciones no ocurrió en toda la historia del diario Clarín”, dijo el gerente de Comunicaciones Externas del periódico, Martín Etchevers. En tanto, el editor general del periódico, Ricardo Kirschbaum, inscribió la acción del ente fiscal en un marco de intimidación y acoso oficial.

Los inspectores de la AFIP llegaron al edificio donde, además de la redacción de Clarín, principal medio del Grupo Clarín, funcionan los diarios La Razón y el deportivo Olé, también propiedad del conglomerado.

“No es un operativo de intimidación, como dice Clarín; es un operativo normal que necesita mucha gente para cumplir con el objetivo de investigar la situación laboral e impositiva de la empresa”, dijo una fuente de la AFIP.