Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 21 de septiembre presentará a los diputados federales un paquete económico alternativo, con el objetivo de recaudar 400 mil millones de pesos que provendrían de la reducción de salarios de los altos funcionarios y de la obligación de que las 100 empresas con privilegios fiscales paguen impuestos.

Durante una gira de trabajo por la capital queretana, el presidente legítimo reveló que en los 10 días recientes Francisco Rojas, coordinador de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, se ha reunido en dos ocasiones con Felipe Calderón, por encargo de Carlos Salinas; el paquete que envía Calderón previamente está acordado con el PRI. El ex presidente es el que da el visto bueno; él palomea el paquete y ya hay un acuerdo PRI-PAN para sacarlo con algunas modificaciones mínimas.

Antes, en Guanajuato, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal criticó el proyecto de presupuesto que esta semana envió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados, que incluye un impuesto de 2 por ciento al consumo, incremento de 28 a 30 por ciento en el impuesto sobre la renta y alza al costo de los combustibles.

Es un golpe más a la economía del pueblo (...) afectan a todos los mexicanos, con excepción de los de mero arriba, los de la cúpula; no afectan a los grandes empresarios y a los banqueros, comentó el ex candidato presidencial.

Indicó que la propuesta que presentará propone eliminar las pensiones millonarias a los ex presidentes y reducir hasta en 70 por ciento los altos salarios de los funcionarios públicos, con lo que el gobierno federal podría obtener 200 mil millones de pesos adicionales.

Señaló que se puede obtener otro tanto si las grandes empresas del país pagan impuestos. Con eso –dijo– se recaudarían 400 mil millones de pesos y se solucionaría el boquete económico que tiene el país.

Con el paquete económico propuesto por Felipe Calderón no serán tocados los intereses de los 30 potentados de México, dueños de Cemex, Bimbo, Telmex, Wal-Mart, Banamex y Bancomer, entre otras empresas y bancos, criticó.

Sobre el jefe delegacional electo de Iztapalapa, el petista Rafael Acosta Ángeles, insistió en que la mafia que gobierna el país está tratando de sonsacarlo para que no cumpla su palabra de pedir licencia como jefe de la delegación Iztapalapa y dejar el cargo a Clara Brugada.