o, no es una pregunta, aunque en mi artículo anterior, por un descuido de mi parte apareciera con signos de interrogación, es más bien una obligación que nos han impuesto nuestros gobernantes a todos los mexicanos, como consecuencia de sus estupideces e irresponsabilidades para conformar lo que hoy constituye ya un crimen de Estado, un verdadero agravio a la sociedad mexicana en su conjunto. Para explicar los factores que influyen y determinan este grave problema que venimos enfrentando los mexicanos, quizás el espacio de un periódico no es suficiente; sin embargo creo que los periódicos no son para desarrollar tratados, sino para traer temas de interés social a discusión. Esto es lo que me he propuesto hacer. Para ello, trataré de delinear algunos de los aspectos del problema, utilizando el espacio de este artículo y del próximo.
Coincido con muchos lectores en que el factor fundamental de la pobreza es la mala educación, que el gobierno viene ofreciendo a la sociedad de tiempo atrás, incumpliendo el mandato constitucional que da esencia a la nación. La última prueba de imbecilidad corresponde al actual gobierno, que le ha quitado una cantidad importante de recursos al presupuesto educativo, afectando al menos a 22 entidades de la República, sin más justificación que los pocos recursos de que dispone, en virtud de la caída de los ingresos que el propio gobierno nos informó que no pasaría. A esa reducción se debe agregar el recorte a las instituciones de educación superior por 800 millones de pesos, que el mismo secretario de Educación de manera irresponsable calificó de insignificante, en un desplante de soberbia, con la que sólo mostró las virtudes por las cuales fue encargado de esa secretaría.
Para muchos, todo esto está bien, porque piensan que la educación pública es de mala calidad (seguramente el propio secretario entre ellos), sin entender dos cosas: primero, que si hay mala calidad en la educación es por la cadena de desafortunadas decisiones que al respecto se han dado desde las propias oficinas del poder, y en segundo lugar porque los recortes se tienen que hacer precisamente en los mecanismos y proyectos que sí funcionan, porque los costos sindicalizados –donde se encuentra el mayor lastre– son intocables por decisión de esos mismos funcionarios; de manera que el daño tiende siempre a ser mayor que el que las cifras indican. Por ello, considero que el actual Congreso de la Unión debiera marcar con claridad su postura en torno de este tema, emitiendo una nota de condena a la decisión del Presidente de recortar el gasto educativo, que no tendría que ser considerado gasto, sino inversión.
Siendo graves las fallas del sistema educativo, ellas no alcanzan a explicar la totalidad del desastre al que tenemos que hacer frente. Hablemos de la producción de la riqueza nacional, la cual debiera generarse en miles de pequeñas empresas distribuidas en todo el país, dedicadas a producir lo que el país necesita, trátese de alimentos, ropa, muebles, herramientas y materiales para todo ello. En Estados Unidos, más de la mitad de la economía, y también de sus exportaciones, está sustentada en la producción de empresas con menos de 20 trabajadores. El gobierno de ese país, sus bancos y la población saben esto y cuidan a esas empresas, porque es en ellas donde se centra el futuro, en virtud de la vocación natural de esas empresas por la innovación, cosa que las empresas más grandes en general no tienen, en virtud de su tamaño y de su necesidad de ser eficientes ante todo.
En México, en cambio, estas empresas han sido y son golpeadas duramente por la normatividad del gobierno, que las asfixia con todo tipo de reglamentaciones absurdas, haciéndolas a un lado de las compras gubernamentales, o condenándolas a muerte por la falta de pagos y de los compromisos contraídos con ellas. Así, mientras se tejen los cuentos de hadas sobre los supuestos apoyos a las llamadas Pymes, el sistema bancario, que en otros países verdaderamente financia las operaciones de esas empresas, en México está deliciosamente entretenido en el jugoso negocio de las tarjetas de crédito, cuyas comisiones, cobros de servicios e intereses, incluyendo de manera normal y sistemática intereses sobre los intereses, no obstante que ello está prohibido por la Constitución. De manera que en México, no tiene ni tiempo ni interés en apoyar el desarrollo productivo del país. El negocio para los bancos es tan maravilloso, que carece de sentido distraerse para financiar el crecimiento económico, como lo tienen que hacer en sus propios países.
¿Cómo es posible todo esto? Bueno, pues una parte muy importante de la responsabilidad la tienen los sucesivos gobiernos que han hecho posible y alentado estos esquemas de usura, pero también los medios que han preferido no ver el problema mientras reciben su tajada del pastel, al igual que los sucesivos congresos, que lejos de legislar a favor de la sociedad y de los pequeños productores, han preferido alinearse con los banqueros, aprobando todo género de normas absolutamente ilegales y contrarias a los intereses de la nación, seguramente a cambio de algunas transferencias bancarias a sus cuentas. En ello han participado no sólo diputados del PAN y del PRI, sino también los pertenecientes a los supuestos partidos de izquierda, empezando por el PRD, en una competencia cerrada de servilismo, cuyos resultados conforman hoy nuestra realidad. La inexistencia real de financiamiento ha impedido a las empresas pequeñas crecer y competir en el mercado que debiera ser mexicano, para generar los empleos que necesitamos.
En mi siguiente artículo me propongo analizar los mecanismos de explotación de las grandes empresas en deterioro de las pequeñas, a presentar las restricciones reales que aplastan a los proyectos productivos regionales y proponer algunos cambios que permitirían reducir o eliminar tales obstáculos. Con ello me uno al canto de los tiempos oscuros, convocado por Denise Dresser.
