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Criminalizar la expresión social demuestra un retroceso en el país, advierte el relator de la ONU

Monopolios en medios de comunicación son una amenaza para la libertad de expresión: La Rue

Envió comunicado oficial al gobierno mexicano sobre caso de una radio indígena en Morelos

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Ayer, durante su participación en el foro Diversidad y Pluralidad en los Medios Electrónicos en las Américas, organizado por el Senado, el relator de la ONU, Frank La Rue, sostuvo que no puede restringirse en forma alguna la libertad de expresión de los pueblos y comunidades indígenas, que están reivindicando el derecho a expresarse como grupos étnicos, a utilizar sus lenguas y reproducir su culturaFoto José Antonio López
 
Periódico La Jornada
Sábado 12 de septiembre de 2009, p. 8

El relator especial de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) para la Promoción y Protección de la Libertad de Expresión, Frank La Rue, advirtió que los monopolios en medios de comunicación son una amenaza para ese derecho y reveló que hizo llegar una comunicación oficial al Estado mexicano por el caso de una radio indígena en Morelos, donde se está criminalizando el acceso a las frecuencias comunitarias.

Al participar en el foro Diversidad y Pluralidad en los Medios Electrónicos en las Américas, sostuvo que no puede restringirse en forma alguna la libertad de expresión de los pueblos y comunidades indígenas, que están reivindicando el derecho a expresarse como grupos étnicos, a utilizar sus lenguas y reproducir su cultura.

El relator de la ONU dijo asimismo que criminalizar la expresión social demuestra un retroceso en el país. Es una de mis prioridades modificar el enfoque de que la libertad de expresión se garantiza con una actitud pasiva del Estado, con la no intervención ni la censura, ya que debe rescatarse el rol activo del Estado en la consolidación de ese derecho.

Expresó que si algo atenta contra la libertad de expresión es la concentración de los medios, porque se ven como consorcios económicos y no como servicio público. La Rue recalcó que si en general los monopolios económicos y comerciales deben combatirse, con mayor razón los monopolios en materia de telecomunicaciones, a fin de garantizar el pluralismo y la diversidad cultural de los pueblos.

Excesiva concentración de medios

Durante ese foro, realizado en el Senado y convocado por la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Senadores, legisladores y especialistas insistieron en que oligopolios y monopolios ponen en riesgo el principio de la democracia en México.

Jürgen Moritz, consejero de medios de comunicación de la Fundación Friedrich Ebert, resaltó que los legisladores tienen enfrente una tarea fundamental y difícil: conseguir una legislación moderna, democrática y plural sobre los medios electrónicos en México.

A su vez, el presidente de la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía del Senado, Carlos Sotelo, aludió a la excesiva concentración de los medios en unas cuantas familias. La televisión abierta tiene dos empresas que concentran 95 por ciento de las frecuencias: Televisa con 225 frecuencias propias y 32 afiliadas y Tv Azteca con 180 frecuencias propias.

En el caso de la radio, 76 por ciento de las estaciones está en manos de 14 familias y cuatro cadenas agrupan casi la mitad del total de las emisoras, situación impensable en otros países.

El senador perredista expuso que el gobierno federal ha mostrado una actitud autista y omisa frente al crecimiento de los monopolios en el sector de telecomunicaciones, ya que sólo con emitir una convocatoria para licitar el espectro radioeléctrico y asignar frecuencias, el país contaría con nuevos canales privados de carácter nacional y otros regionales, así como con más opciones en radio.

Expuso además que tampoco hay un impulso equitativo desde el gobierno a los medios de comunicación, toda vez que a los que se caracterizan por ser críticos e independientes o por tener una lejanía del poder público se les retira la publicidad gubernamental, se les castiga; y a los que son condescendientes con el gobierno, se les destina 90 por ciento de los recursos.