Mediante un llamado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba a sus homólogos legislativos del mundo, se pidió la urgente solidaridad de los parlamentarios y de las organizaciones políticas y sociales de todo el orbe, a quienes se exhortó a movilizarse para exigir la liberación inmediata de los cubanos antiterroristas Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, presos desde hace 11 años en Estados Unidos y sentenciados como agentes espías del gobierno de La Habana.

En un acto efectuado el pasado jueves en la embajada cubana en México, el representante del gobierno insular, Manuel Aguilera de la Paz, leyó el documento elaborado por la asamblea en La Habana, que contiene un recorrido histórico sobre el caso de sus connacionales que han sido vilipendiados por la comunidad cubana exiliada en Miami, pero identificados por el gobierno de la isla como heroicos prisioneros del imperio empeñados en proteger a su país del terrorismo anticomunista.

De entrada, el diplomático destacó el rechazo general del gobierno cubano a la resolución del pasado 15 de junio de la Corte Suprema de Estados Unidos, que no aceptó revisar las condenas por espionaje contra los cinco isleños, cuya defensa se basa, fundamentalmente, en que no recibieron un juicio justo debido al fuerte estado de ánimo anticastrista en Miami.

El fallo de la corte estadunidense dejó intactas las condenas que en 2001 fueron dictadas contra los cinco cubanos y que oscilaron de 10 años a cadena perpetua, pese a los pedidos de algunos galardonados con los premios Nobel de Literatura –entre ellos José Saramago y Nadine Gordimer– y otros grupos activistas que demandaron la revisión de este caso, al que se conoce como Red Avispa.

Al negarse a revisar el caso, la Corte Suprema cerró prácticamente las avenidas legales para su solución. Sólo quedan las próximas resentencias a Ramón, Antonio y Fernando ante la misma jueza de Miami. Hay que exigirle que los libere ya, señala el documento leído por el embajador.

Luego, agregó: Entramos en una fase en la que es mayor la responsabilidad de la administración y específicamente la del presidente Barack Obama. El presidente de Estados Unidos tiene la facultad constitucional y la obligación moral de hacer justicia.