Madrid, 13 de septiembre. Un pequeño pueblo de catalán, de menos de 15 mil habitantes, se convirtió por un día en el centro neurálgico de la política española. La localidad Arenys de Mar celebró hoy un referéndum independentista que, sin tener validez legal ni representar un cambio en el estatus de la región, preguntaba a sus ciudadanos si querían que Cataluña fuera un Estado de derecho independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea. La respuesta fue nítida: más de 96 por ciento votó a favor de la separación del Estado español.

El referéndum de Arenys de Mar viene precedido de una agria polémica que se dirimió finalmente en los tribunales; una plataforma civil pidió a las autoridades de esta localidad catalana permiso para someter a sus ciudadanos a una consulta informativa, sin mayor validez legal ni, por supuesto, representativa del conjunto de Cataluña. Sin embargo, los grupos de extrema derecha españoles reaccionaron airados y decidieron presentar una denuncia para que fueran los tribunales los que decidieran sobre la legalidad de la iniciativa. Así fue, y la Audiencia Nacional prohibió la celebración del referéndum con el apoyo y la utilización de bienes públicos, mientras que ese mismo día otro magistrado decidió otorgar el permiso de manifestación contra la consulta popular en la localidad convocada por Falange Española, un grupo de ideología ultra y con vínculos a los resabios del franquismo.

El referéndum ciudadano se celebró en un ambiente festivo, con banderas catalanas en las ventanas, con símbolos independentistas por doquier y con la presencia de numerosos políticos catalanes y, sobre todo, de muchos periodistas. La participación fue de 41 por ciento de la población mayor de 16 años, que votaron en 96 por ciento a favor de la independencia. La consulta se llevó a cabo en el Centro Moral, un espacio sin recursos públicos y donde se registraron largas colas desde las nueve de la mañana hasta que se cerraron las urnas.

El único incidente de gravedad fue la presencia de casi un centenar de falangistas españoles, que durante la manifestación autorizada por la justicia se dedicaron a gritar consignas contra las fuerzas independentistas y como grito de guerra decían Cataluña es España, cojones. A la salida del pueblo, el autobús de los ultras –procedentes de Madrid- fue apedreado por un grupo de independentistas, si bien el férreo control policial evitó un enfrentamiento abierto entre ambos grupos.

Mientras, en San Sebastián dos centenares de simpatizantes con la izquierda separatista radical fueron disueltos por la policía autonómica al manifestarse en solidaridad con los presos de la organización armada vasca ETA. Los agentes antidisturbios acataron la prohibición del gobierno vasco, presidido por el socialista Patxi López, y de la propia justicia española, con lo que además de disolver la protesta retiraron carteles y fotografías de los etarras encarcelados.