El gobierno mexicano no ha sido capaz de satisfacer y cumplir los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales debido a la aplicación de políticas inadecuadas en las que son considerados más como servicios que como garantías fundamentales de los ciudadanos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV).

En su informe anual sobre la situación de estos derechos en el país, en el periodo 2007-2008, el organismo no gubernamental (ONG) apunta que la mayoría ni siquiera son reconocidos por la legislación ni existen mecanismos jurídicos para hacerlos valer.

Agrega que la tendencia reciente a ver la salud, la vivienda, la educación y la protección del medio ambiente como mercancías genera gran exclusión en el país.

En torno a los derechos laborales, el CDHFFV asienta que la oferta laboral en México es escasa y de mala calidad, mientras el sector informal se incrementó en el periodo de análisis.

En México se ha retrocedido en el cumplimiento de los derechos laborales, hay aumento en el número de trabajadores sin protección social y las contrataciones individuales limitan la organización colectiva a favor de la defensa de sus garantías laborales.

El informe refiere que las autoridades gubernamentales violentan constantemente derechos individuales y colectivos al interferir en asuntos concernientes a trabajadores y sindicatos.

Aun cuando una de las principales promesas de campaña de Felipe Calderón –asienta el documento– fue la creación de empleos, la realidad indica que la política económica no ha dado los resultados esperados, pues las condiciones para acceder a un trabajo retrocedieron entre 2007 y 2008, problema en el que también se refleja la desigualdad de género.

El CDHFFV –que este 2009 cumple 25 años– advierte que para atender la demanda laboral en el país es necesario crear al menos un millón 200 mil empleos anuales; sin embargo, contando los trabajos eventuales, en 2007 sólo se generaron 750 mil, en tanto que en 2008 se tenía prevista la creación de 600 mil.

Señala que las estrategias gubernamentales de empleo dan más importancia al mercado laboral competitivo orientado al sector empresarial, y lo individualiza en los ámbitos social, de investigación y de ciencia y tecnología, que son claves para el desarrollo nacional.

Durante el periodo de estudio –indica el documento– se aprobó la nueva Ley del ISSSTE, misma que modifica el régimen de solidaridad por uno de capitalización individual y gestión mercantil privada, que expone a los trabajadores a los desequilibros del mercado.

Agrega que, además de que ésta podría significar un retroceso a los derechos laborales reconocidos históricamente, también incumple con compromisos adquiridos por México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Advierte que la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, presentada por las autoridades del ramo a principios de 2008, vulnera el derecho de toda persona al goce de condiciones laborales equitativas y satisfactorias.

Precisa que la desocupación, que en 2007 fue de 3.72 por ciento, a noviembre de 2008 se incrementó en 4.47 por ciento.

Otro de los factores que perjudican a los ciudadanos en el goce de esos derechos, como la alimentación, es que mientras a finales de 2007 el precio de la canasta básica era superior a 100 pesos, el salario mínimo era de 50.56.

El CDHFFV señala que los niveles de pobreza en el país persisten, pues 18 millones de personas –que se encuentran en pobreza extrema– no pueden satisfacer el derecho a la alimentación. Abunda que aun cuando es una garantía fundamental, no ha sido reconocida en la Constitución.

El informe reconoce que si bien programas para combatir la pobreza alimentaria, como Oportunidades, son un avance, resultan insuficientes y asistencialistas y no resuelven de fondo la problemática para garantizar a todas las personas una vida digna.

Frente a ello, el centro Fray Francisco de Vitoria propone que el derecho a la alimentación se eleve a rango constitucional, con la finalidad de que se generen políticas para erradicar la pobreza alimentaria con una perspectiva de derechos humanos.