La mortalidad materna no se ha reducido en México, ni siquiera con la afiliación al Seguro Popular, el cual tampoco garantiza mejor acceso a servicios de salud de calidad. Aunque la mayoría de las deficiencias se detectan en las localidades de menor índice de desarrollo humano, también en las ciudades existen limitaciones, revela un análisis del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de la Secretaría de Salud (Ssa).

Respecto del Seguro Popular, el organismo detectó que hay dificultades para la inscripción en el programa Embarazo Saludable, y pone de ejemplo a Guerrero, donde podría tardar una década afiliar a todas las mujeres indígenas. A la fecha el avance es de apenas una tercera parte.

Desde la puesta en marcha del Seguro Popular, en 2004, ha aumentado el número de muertes maternas entre las afiliadas, cuyo número también crece anualmente. En ese año hubo 20 decesos; en 2005, 77; y en 2006, 111.

Se perfila fracaso en metas

De acuerdo con las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo el Milenio, para 2015 deberían ocurrir a escala nacional sólo 417 defunciones por año asociadas al embarazo, el parto y el puerperio. Para ello se tendría que reducir en al menos 7.7 por ciento el número de fallecimientos anualmente.

Las cifras oficiales indican que entre 1990 y 2007 la tasa de mortalidad bajó 37.5 por ciento, equivalente a 2.2 puntos porcentuales por año. Significa que de continuar esta tendencia México no alcanzará la meta de 2015. Así lo han reconocido las autoridades desde el sexenio pasado.

El análisis del CNEGSR, contenido en la Estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México, destaca que 80 por ciento de los decesos son prevenibles, y subraya que 25 por ciento ocurren entre beneficiarias de Oportunidades, el programa más importante de desarrollo social en el país, uno de cuyos componentes es la salud.

Entre 2000 y 2004, más de la mitad de las muertes maternas ocurrieron en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero, Veracruz, Distrito Federal y estado de México, mientras en Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala e Hidalgo hubo 100 fallecimientos en el mismo periodo, aunque unos 65 eran evitables.

Así, el CNEGSR señala que el sector salud debe trabajar en dos escenarios: el de las comunidades indígenas y pobres y el de las grandes ciudades, donde a causa del desmantelamiento del primer nivel de atención se redujeron las opciones para las embarazadas.

La remodelación efectuada en hospitales de las ciudades en años recientes propició que éstos no se ocuparan de mujeres que requieren atención de primer nivel. A ello se suma la carencia de cunas en las unidades de cuidados intensivos neonatales.

El diagnóstico menciona que en algunos estados la disminución de las defunciones no tiene una tendencia sostenida. Es el caso de Chiapas, donde en el sexenio 2001-2006 la atención de la muerte materna tuvo alta prioridad política, que se reflejó en discursos y planes específicos, los cuales no se institucionalizaron para garantizar su continuidad y beneficios entre las embarazadas.

El centro reconoce que la mortalidad materna es reflejo de la pobreza y está estrechamente ligada a la posibilidad de las mujeres de ejercer plenamente sus derechos (sexuales y reproductivos): la muerte materna asociada al aborto es muestra de ello.

En el apartado relativo a las acciones necesarias para abatir de manera efectiva este problema de salud, el documento incluye lograr una calidad óptima en la atención médica.

Lo anterior involucra la organización administrativa y la calidad técnica y científica en la prestación del servicio, así como fortalecer el primer nivel de atención.

En ese punto, la estrategia plantea retomar el trabajo de las comadronas, en particular de las entrenadas en la Escuela de Parteras Profesionales CASA, cuya calidad ha validado la Secretaría de Educación Pública.