Grupo Iusacell señaló que el límite de mil millones de pesos de ingresos anuales para quedar exentos de aplicar el principio de separación contable, propuesto por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), es muy reducido, por lo que propuso que se aumente a 10 mil millones de pesos y así sea más viable la aplicación de ese beneficio.

Detalló que que durante 2008 la facturación de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país ascendió a 300 mil millones de pesos, sin contar las ventas de los servicios de radiodifusión y televisión restringida.

Señaló que los mil millones de pesos (de ingresos anuales) es un límite muy bajo y será superado por muchísimos de los concesionarios actuales, lo cual haría inoperante dicha exención, sería muy onerosa su operación y generaría una carga inútil e innecesaria para los concesionarios.

Detecta inconsistencias

Grupo Iusacell envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria –encargada de aprobar el proyecto de manual sobre separación contable que la Cofetel pretende aplicar a los operadores de telecomunicaciones– una serie de observaciones y propuestas para modificar el documento, por considerar que contiene inconsistencias de información y viabilidad.

Así, señaló que en el apartado donde la Cofetel pretende exentar de cumplir con informes de separación contable a las empresas que obtengan ingresos anuales hasta de mil millones de pesos es necesario cambiar dicho límite para que la exención se aplique a aquellos concesionarios que perciban ingresos por concepto de la explotación de su título menores a 10 mil millones de pesos anuales, lo que representa 3.3 por ciento del valor total del mercado de telecomunicaciones y abarcaría con esos concesionarios más de 80 por ciento de la facturación del sector.

Señaló Iusacell en su propuesta que se debe reformular dicho límite, si analizamos que para la implementación del anteproyecto se genera un costo regulatorio por implementar esta metodología superior a los 3 millones de pesos por ejercicio, debido a que los concesionarios deben establecer los nuevos mecanismos para registro y procesamiento de la información, realizar avalúos anuales, contratar auditores externos y personal adicional para el manejo de la metodología.

La empresa señaló que se deben considerar otras modificaciones a su proyecto, como la fecha de entrega de información, la cual debería ser el primero de agosto y no el primer día de abril.