yer, en una gira por el sureste de la República, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, apeló al patriotismo de la ciudadanía para obtener respaldo a la propuesta de su gobierno de un aumento generalizado a los impuestos ya existentes y el establecimiento de otros nuevos, especialmente uno de dos por ciento a la totalidad de los bienes y servicios, el cual ha sido calificado por diversas voces de un IVA disfrazado. Calderón argumentó que con el recorte de gastos en su administración por 80 mil millones de pesos el gobierno hace su parte, y afirmó que el proyecto fiscal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados no es sólo la mejor opción, también es ya la única opción para que su gobierno haga frente al desastre económico que vive el país.

Pero, de acuerdo con afirmaciones formuladas la víspera por el propio titular de la SHCP, Agustín Carstens, existe una alternativa clara al paquetazo financiero que pretende hacer aprobar el gobierno calderonista. En efecto, el funcionario se vio obligado a reconocer antier, en su comparecencia ante los diputados, que la eliminación de los llamados regímenes fiscales especiales –como exenciones de impuestos por ventas de empresas en la bolsa de valores, depreciación prematura de activos, renegociaciones de créditos fiscales impagados, más otros procedimientos– generaría recursos por 465 mil millones de pesos para las arcas públicas.

Esta circunstancia no fue, por supuesto, una revelación surgida en el ríspido encuentro del secretario de Hacienda con los legisladores: se trata del conocido y principal factor de distorsión de las finanzas públicas –el que ha inducido, por ejemplo, la petrolización del gasto gubernamental–, un elemento de distorsión de la política económica y un mecanismo de concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Se sabe, desde mucho antes del inicio del gobierno calderonista, que las grandes fortunas y los grandes capitales no pagan los impuestos que deberían, y que cuando lo hacen el erario suele devolvérselos.

Resulta exasperante que, teniendo a la vista la solución a los problemas de financiamiento del sector público, y después de muchos meses de padecer una crisis que ha resultado devastadora para la gran mayoría de la población, apenas antier el Ejecutivo federal, por voz de Carstens, reconociera, así fuera en grado de posibilidad, la viabilidad de suprimir los privilegios fiscales a potentados y a corporaciones, con lo cual no sólo se haría innecesario el desmedido incremento impositivo propuesto por el gobierno para los causantes más desfavorecidos –los contribuyentes cautivos y los consumidores de productos básicos–, sino se corregiría una injusticia social mayúscula y una aberración económica que ha causado graves daños al país.

La supresión de los regímenes especiales no es, por lo demás, la única alternativa al paquetazo fiscal elaborado por el propio Carstens, y que resulta económicamente contraproducente, socialmente devastador, políticamente peligroso y moralmente insostenible. En días recientes, diversos círculos empresariales se han unido a los señalamientos de que las medidas de austeridad propuestas por Calderón en las filas de su propio equipo distan mucho de una verdadera racionalidad en el gasto: los salarios y las prestaciones de los altos funcionarios siguen siendo excesivos e injustificables y en diversas dependencias persisten las partidas notoriamente infladas. Para colmo, la actual administración ha dejado antecedentes deplorables en materia de subejercicios, es decir, de dinero que llega a las dependencias, que no es ejercido y cuyo destino abre un amplio margen a la opacidad, al dispendio y al desvío.

En suma, es falso que no existan otras soluciones a las tribulaciones financieras del aparato gubernamental que el paquetazo de impuestos elaborado por la SHCP. Existen, están a la vista y su adopción es económica, política, social y moralmente aconsejable, necesaria, y hasta obligada, si es que se pretende restablecer una mínima imagen de probidad, transparencia y eficiencia administrativa en las dependencias del Poder Ejecutivo.