El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, sostuvo que la administración de Felipe Calderón Hinojosa jamás someterá a las fuerzas armadas al escarnio injustificado, y con esa visión pidió a los legisladores tener buena fe al evaluar el trabajo de policías y militares.

Ante la exigencia de diputados para que sean investigadas las violaciones a los derechos humanos y los excesos cometidos por integrantes del Ejército Mexicano, como lo han expuesto organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el funcionario defendió a los militares y dijo que algunos reportes sobre presuntos abusos abren espacios para la difamación de la institución castrense.

Ni está en su interés (del gobierno) tolerar abusos, pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten, sostuvo el funcionario durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del tercer Informe de gobierno.

Incluso, ante la exigencia de que se supriman los operativos y retenes militares en el país, Gómez Mont argumentó que ello sólo será posible en la medida que se fortalezcan y depuren las policías locales.

Desde la tribuna, diputados de distintas fuerzas políticas preguntaron al funcionario qué medidas tomará la administración calderonista para la reparación del daño a las víctimas de los abusos de fuerzas federales, ocurridas durante el despliegue de más de 40 mil efectivos para la lucha contra el narcotráfico.

En su informe emitido en abril pasado, precisaron, HRW documentó 16 casos de abuso, investigados en esferas internas del Ejército, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 230 denuncias de atropellos cometidos en el contexto de operativos militares, esto es, seis veces más que las quejas recibidas hace tres años, al inicio de la actual administración panista.

Sin embargo, Gómez Mont –quien en su papel de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional es responsable de la estrategia en esta materia– respondió que grupos como ese organismo internacional han reconocido que frente al estado de cosas se justifica el uso de las fuerzas armadas.

El puro informe (de Human Rights Watch) no necesariamente prueba la existencia de las violaciones... No se puede hacer una generalización ni (decir) que en todos los casos se trata de abusos, consideró el secretario.

Enseguida pidió buena fe y apertura de mente para analizar la labor de las fuerzas federales: Entender que puede haber espacios para difamar a nuestras fuerzas armadas y con ello desgastar uno de sus activos principales, que es su sentido del honor y el prestigio que tienen con la comunidad. ¡Se están jugando la vida por proteger a los más vulnerables! Se merecen esa buena fe, dijo.

El compareciente eludió las críticas acerca de la existencia de un Estado fallido en México y, en cambio, dijo que los operativos contra el narcotráfico pronto darán resultados. La curva de organizaciones criminales no puede sostenerse por mucho tiempo. Las organizaciones criminales caerán por su propio peso, dijo.

Sobre las recientes ejecuciones en centros de rehabilitación de adicciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, el secretario Gómez Mont consideró que algunas organizaciones criminales buscan vulnerar las políticas de prevención de adicciones y utilizar jóvenes para que éstos mueran rápido. También evadió las críticas de legisladores priístas en el sentido de que los operativos de seguridad pública se aplican con sesgo político-electoral, sin tomar en cuenta la opinión de gobernadores y presidentes municipales.

En el ámbito político, Gómez Mont dijo que el Ejecutivo federal considera indispensable zanjar, en esta legislatura, la discusión sobre los mecanismos de democracia directa, como plebiscito y referendo, así como la relección consecutiva de legisladores y ayuntamientos.

También debatir acerca de las competencias del Legislativo, respecto de la integración de este poder y de la ratificación de funcionarios públicos.

El secretario de Gobernación dijo que son imperativos inaplazables retomar el crecimiento de la economía sobre una senda de mayor equidad y justicia social; reformar la institucionalidad política, y recuperar la plena seguridad de la sociedad.

En otro tema, cuando los legisladores de oposición criticaron el gasto de recursos millonarios para la emisión de la cédula de identidad ciudadana, dijo que este proyecto parte de una discusión entre las distintas fuerzas políticas y, por ello, rechazo que tenga un carácter neurótico.