La región latinoamericana, con 71 millones de personas en la indigencia y unos 200 millones en la pobreza, enfrenta cada vez mayores obstáculos para alfabetizar a sus pobladores, ante factores como el desempleo y la violencia, mientras que la cobertura de programas educativos para adultos continúa marginando a las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes, con lo cual se ha profundizado la brecha antes que reducirla.

De acuerdo con un diagnóstico preparatorio de 26 gobiernos de la región, rumbo a la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confintea VI) –a realizarse en diciembre próximo y en la que México llevará la posición de naciones de América Latina–, otro de los desafíos que enfrenta la enseñanza en todas las etapas de la vida es el subfinanciamiento crónico, su gran vulnerabilidad en términos de participación, institucionalización y continuidad de políticas y programas.

La educación para jóvenes y adultos es una herramienta fundamental para luchar contra la pobreza y la exclusión social, pero también existe la imposibilidad de resolver dicha problemática exclusivamente desde el campo educativo, en ausencia de cambios estructurales y sin la convergencia de otras políticas, expresan los gobiernos.

Según este análisis, que forma parte de los trabajos de dicho encuentro, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otro problema es que se ha priorizado la oferta educativa para ciertos sectores por edad, por lo general hasta los 35 o 40 años, con lo que se ha dejado fuera a la población de más edad, negando así su derecho a la enseñanza y contrariando la propia adopción del paradigma del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Además, sostienen, es necesario revertir la tendencia actual, para dar prioridad y atención con calidad y pertinencia a zonas, sectores y grupos con mayores desventajas de la región, como pueblos indígenas, poblaciones rurales y de afrodescendientes.

Así, reconocen que los diversos contextos socioeconómicos, étnicos y culturales de la región plantean cada vez más obstáculos a la alfabetización y otras formas de aprendizaje entre jóvenes y adultos. Entre estos factores figuran el desempleo, la exclusión social, la migración, la violencia, las disparidades entre hombres y mujeres, todo esto vinculado en gran medida a la pobreza estructural.

Entre otras de las sugerencias realizadas por los grupos de trabajo rumbo a Confintea VI, se encuentran aumentar 3 por ciento de presupuesto recomendable a educación para adultos, así como el diseñar políticas para favorecer la integración de diversos grupos: indígenas, reclusos, migrantes y poblaciones rurales, entre otros.